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Algunas consideraciones sobre la llamada "Reforma Judicial"

La afirmación de una justicia provisoria y dependiente del poder político

El proyecto de ley al que ya cuenta con media sanción el Senado no es una reforma judicial. Es una ley que sostiene el actual esquema de enjuiciamiento, pero adicionando un total de 168 nuevos cargos de jueces, 129 de fiscales, 77 de defensores generales y 44 secretarías.

Esto supone una erogación anual del orden de los $ 6.000 millones de pesos, en un país que afronta la caída más grande del PBI de toda su historia y en momentos en que jubilados y pensionados sufren un ajuste en sus ingresos como consecuencia de haberse suspendido la aplicación de la fórmula de actualización trimestral de sus haberes.

La justicia federal penal –especialmente la asentada en la Ciudad de Buenos Aires- tiene un funcionamiento deficiente, que se caracteriza por la lenta tramitación de las causas, con el agravante de que en la mayoría de los casos los procesos se eternizan en la etapa de instrucción, privando a la sociedad de que el caso se ventile en un juicio oral y público, se establezca la verdad y, de resultar probados los hechos, la persona acusada reciba la correspondiente sentencia condenatoria.

La verdadera reforma debe ser sistémica y ya está aprobada. Se trata del nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece un sistema de enjuiciamiento acusatorio, en el cual los roles quedan debidamente diferenciados entre el fiscal que como titular de la acción pública tiene a su cargo la investigación, imputación y acusación, correspondiendo a los jueces ser garantes del debido proceso en la etapa de investigación y tribunal de juicio en la etapa de debate oral y público.

Ese Código debe ser puesto en funcionamiento cuanto antes y las reformas orgánicas deben ir en ese sentido. Este proyecto va totalmente en contra.

¿Por qué es mejor un sistema acusatorio? Porque es más transparente, porque salimos de la figura oscura del juez instructor que desempeña dos roles incompatibles entre sí: investigar y juzgar; porque las causas deben resolverse en un tiempo razonable: 3 años desde que se formaliza una investigación contra quien el fiscal considera presunto autor de un presunto delito. Y a su vez, la investigación del fiscal, cuando existe un posible autor identificado, prevé también plazos muy acotados y taxativos de actuación: 90 días para formalizar la investigación imputándole un hecho concreto; un año para esa investigación y resolver al cabo de la misma el sobreseimiento o la acusación.

Por supuesto que no es la panacea, pero en las provincias que lo han ido adoptando en sus respectivos Códigos Procesales Penales –entre ellas Chubut, en 2006-, las causas llegan a juicio en un plazo razonable, a veces en menos de un año. En todo caso, el déficit sigue estando en los hechos que quedan impunes porque no se logra identificar al autor del delito, pero no es lo mismo que la impunidad resultante de esas causas que se eternizan “pisadas” o “aceleradas” en la hermeticidad de la instrucción, muchas veces al son de los vaivenes políticos.

El rol del juez instructor, heredado de la Inquisición, que luego pasó a la legislación procesal penal en España, fue adoptado por el sistema federal a fines del siglo XIX, cuando España lo abandonaba.

Y es lo que el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya entró en vigencia hace más de un año en la jurisdicción federal dependiente de la Cámara Federal de Salta (provincias de Salta y Jujuy), procura, y contempla una entrada en vigencia gradual en el resto del país.

Teniendo en cuenta ello, el proyecto que aprobó el Senado no solo no es una reforma, es una contrarreforma.

Porque pone el acento en la creación de más juzgados de instrucción sin tener en cuenta el sentido de la reforma procesal. En palabras de Alberto Binder al comentar el proyecto, “se expande lo malo como una mancha de aceite”.

Y si algún atisbo de seriedad podía tener la iniciativa, la terminó de perder en el tratamiento en el Senado.

La creación de órganos judiciales debe venir precedida de un profundo estudio de indicadores demográficos y de estadísticas de causas.

Si efectivamente eso tuvo lugar, es poco serio y muy improvisado que los 94 juzgados federales de primera instancia para el interior que el Poder Ejecutivo proponía en el proyecto original, pasaran a ser 63 en el dictamen de la Comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales del Senado (a solo dos semanas de ingresar el proyecto), y 73 en la media sanción (en la semana que transcurrió entre el dictamen y la media sanción).

Para el proyecto del Poder Ejecutivo no era necesario crear nuevas cámaras de apelaciones. En el dictamen de comisiones aparecieron seis de la nada (San Juan, San Luis, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y Piedrabuena); cuatro salas en cámaras ya existentes (una Salta, dos en Rosario y una en Mar del Plata) y dos tribunales orales (Resistencia –Chaco- e Ituzaingó –Corrientes).

En la media sanción, sin dictamen previo, se agregaron tres cámaras más (La Rioja, La Pampa y La Matanza), una sala más en la Cámara Federal de Gral. Roca y el tribunal oral de Ituzaingó mutó a Paso de los Libres. Poco serio.

Se dio lugar a una suerte de mercado persa de juzgados, en el que además aparecieron juzgados federales en lugares no previstos en el proyecto del Poder Ejecutivo (Perito Moreno y Río Turbio) y desaparecieron otros quizá “sacrificables” por la pertenencia política del lugar, como es el caso del juzgado federal n° 2 previsto para Esquel, que fue eliminado por los senadores de la mayoría.

Lo único que no cambió en la media sanción es el objetivo central del proyecto: la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, a la que se conoce como “Comodoro Py” por ser el nombre de la Avenida en que están ubicados esos tribunales.

El proyecto propone fusionar los doce juzgados del fuero criminal y correccional federal con los once juzgados del fuero penal económico y crear 23 juzgados nuevos, dando lugar de esta forma al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires con 46 juzgados.

Un “súper Comodoro Py” como lo definió Díaz Canton en las audiencias del Senado.

En lugar de mejorar un sistema de justicia que se considera deficiente, el proyecto propone potenciarlo creando más de lo mismo.

Y lo que es más grave, el proyecto dispone que esos 23 nuevos juzgados habrán de ponerse en funcionamiento inmediatamente. Como el proceso constitucional de designación de jueces es sumamente lento y engorroso (concursos en el Consejo de la Magistratura, elevación de una terna al Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado) y suele tomar años –a poco de asumir el Pte. Fernández retiró del Senado 153 pliegos que se habían elevado para cubrir juzgados federales vacantes cuyos concursos se habían iniciado en algunos casos cinco años antes, como es el caso del juzgado federal de Río Gallegos- el proyecto dispone cubrirlo con subrogantes.

¿Qué es un juez subrogante? Un juez suplente, es decir un juez provisorio que no ha sido nombrado como lo dispone la Constitución y que no tiene estabilidad en el cargo, lo cual afecta su independencia.

Así lo ha dicho la Corte Suprema en sucesivos pronunciamientos que invalidaron designaciones de este tipo, como fue en los casos “Rosza”, “Rizzo”, “Aparicio” y, en 2015, en el caso “Uriarte”, en el que se declaró inconstitucional la ley de subrogancias y se sentó una doctrina que contradice este proyecto: no pueden designarse subrogantes en juzgados nuevos que nunca estuvieron cubiertos por un juez titular.

Ese criterio fue recogido –no podía ser de otra manera en atención a la observancia que se le debe a la interpretación constitucional del Máximo Tribunal- en el artículo 14 de la actual ley de subrogancias.

El proyecto de ley va de frente a sancionar una inconstitucionalidad ya declarada: propone cubrir los 23 juzgados con subrogantes, es decir, estructura una justicia provisional, sin independencia, que por eso mismo será permeable a las presiones del poder político. Para impunidad de los que gobiernan, pero también para persecución penal de la disidencia.

Por eso mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal de aplicación de la Convención Americana de la que República Argentina es signataria, ha dicho que una justicia provisional o de “suplentes” quebranta la independencia del Poder Judicial, viola la garantía del juez natural y de no ser juzgado por comisiones especiales, y por lo tanto violenta el art. 8 de la Convención.

Así lo sostuvo en tres pronunciamientos –vaya coincidencia- contra la República Bolivariana de Venezuela: “Apitz Barbera vs. Venezuela” (2008); “Reverón Trujillo vs. Venezuela” (2009) y “Chocrón Chocrón vs. Venezuela” (2011).

Por eso mismo, los 73 juzgados y 9 Cámaras que el proyecto “promete” para el interior para facilitar la aprobación en la Cámara de Diputados es simplemente eso, una promesa que nunca se cumplirá. Lo de habilitación inmediata y cobertura con subrogantes solo está previsto para lo único que le interesa al proyecto: los 23 nuevos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires.

De otra forma, no se entiende que el proyecto proponga el absurdo de desmembrar la competencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para poner los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego bajo la Cámara Federal de Piedrabuena, o crear un juzgado federal penal en Perito Moreno, localidad con menos de 10 mil habitantes y que no tiene un juzgado provincial de competencia ordinaria.

La justicia ordinaria es la que tiene que ver con la cotidianeidad de las personas. Allí es donde se reclama por cuestiones de familia, demandas laborales, asuntos civiles y comerciales. De acuerdo a este proyecto los habitantes de Perito Moreno tendrán un juzgado federal penal -es decir una justicia doblemente excepcional- que no les servirá de absolutamente nada en términos de acceso a la justicia, pero para para demandar por un despido o cuotas alimentarias tendrán que viajar 160 km. hasta Las Heras para encontrar acceso a la justicia vinculada a sus necesidades inmediatas.

Cuando se anunció el proyecto de ley se invocaron las deficiencias de Comodoro Py. Lo llamativo es que el oficialismo nunca permitió tratar las denuncias contra jueces de ese fuero como Oyarbide o Canicoba Corral. Y propone a otro juez de ese fuero para la Procuración General de la Nación. El mismo juez que le anticipaba por whatsapp al abogado de Boudou que le iban a allanar el domicilio.

El proceso de deterioro de la justicia federal comenzó hace 30 años en un escenario similar al actual.

A poco de asumir el Pte. Menem se presionó para desplazar al Procurador General de la Nación, Andres D’Alessio. Al año siguiente (1990) se aprobó la ley de ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Con una renuncia previa y otra luego de aprobada la ley –el juez Bacqué tuvo la dignidad de renunciar en desacuerdo con el desembarco político en la Corte-, se conformó una mayoría adicta y automática de 6 jueces sobre 9, que entre otras cosas convalidaron todas las políticas de aquel gobierno.

No hubo el más mínimo pudor. Cuando un grupo de diputados radicales obtuvo una medida cautelar para cuestionar el proceso privatizador de Aerolíneas por irregular, a pedido del entonces Ministro de Obras Públicas la Corte le quitó la causa salteando todas las instancias y, por supuesto, revocó la cautelar y Aerolíneas se vendió al precio de dos aviones.

Ese per saltum, que por entonces no tenía consagración legal, fue aplicado en otros casos.

Y seguidamente vino la “reforma judicial” que –como se propone ahora- duplicó el número de jueces federales penales de la Capital. Pasaron de 6 a 12.

Nacía el tan denostado “Comodoro Py”, edificio de Vialidad Nacional que hubo que acondicionar y reciclar ante la creación de esos nuevos juzgados y la Cámara de Casación Penal, el fuero de “los jueces de la servilleta”, proceso en el que aún se recuerda el nombramiento como jueza de la esposa de un diputado de la UCEDE que acompañaba al gobierno con sus votos y que confesó públicamente no saber derecho penal, “pero que le dieran tiempo que iba a aprender”.

Se habla de “Comodoro Py” como si se hubiese creado en los últimos cuatro años, cuando en realidad fue una creación gestada desde todo punto de vista en un gobierno del cual fueron funcionarios en distintas áreas quienes hoy lo son de este gobierno.

Es una paradoja que la cruzada por mejorar la justicia federal la hagan los que gestaron su degradación con aquel proceso.-

Gustavo Menna, Diputado de la Nación, Vicepte. 1° Comisión de Asuntos Constitucionales.

CienPuntoUno 2020

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