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Audiencia de conciliación por el Derecho a la Educación

La Oficina de Derechos y Garantías participó del encuentro tras el trunco inicio del nuevo ciclo lectivo.

La convocatoria fue realizada por el Juzgado de Familia Nº3, donde se tramita la causa, ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo que se ve afectado nuevamente por la falta de actividad en la totalidad de las escuelas de la Región VI.

Acudieron a la audiencia un representante de la Fiscalía de Estado del Gobierno del Chubut, el director de Obras Públicas de la Región Sur y la coordinadora de la misma área. La ausencia de actores fundamentales en representación del Gobierno Provincial, como el Ministerio de Educación que había sido convocado, impidió que se logre conciliar una vía de solución al planteo de la demanda, y hace evidente la falta de voluntad de resolver esta cuestión que atenta contra una de las funciones indelegables e incuestionables del Estado.

El amparo de esta ODG tiene por objeto que se efectivice el acceso al Derecho a la Educación como derecho humano fundamental de los niños, niñas y adolescentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Se debe recordar que éstos vienen siendo especialmente vulnerados en los últimos tres ciclos lectivos, con 75 días de inactividad durante 2018 y casi 120 días sin clases durante 2019, de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Educación de la Provincia.

Restituir el derecho a la educación comprende claramente tener escuelas en condiciones de infraestructura acordes para el desarrollo de las clases, pero también, que el Estado disponga los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema: el pago de salarios, los recursos materiales, entre otros.

Esta audiencia ha sido una nueva muestra de falta de voluntad real de resolver el conflicto educativo, desconociendo el Interés Superior del Niño, que se suma a la falta de respuestas a los reclamos administrativo, el desistimiento a instancias de mediación, y conciliatorias en los fueros judiciales.

Los representantes del Gobierno se presentan ante un juez con la misma postura sin brindar propuestas superadoras ni reconocer los ámbitos que garantizan el cumplimiento de los Derechos del Niño previstos en la Constitución Nacional, Provincial y Convenciones Internacionales. Queremos recordar además, que se aplique la ley de información pública a fin de conocer cómo se distribuyen los ingresos públicos de la provincia. Nuestra intención es propositiva. Y estamos aquí para recordar que las decisiones deben contemplar el interés superior del niño. Y esto se plasma en acciones concretas. Priorizar significa que quizás otros aspectos deban esperar.

Exigimos al Gobernador que priorice a la Educación como un Derecho Humano fundamental y reconozca lo que ello implica. Asimismo exija a sus interlocutores tomar conocimiento real y conciencia sobre los derechos que están siendo vulnerados y el impacto que ello genera en los niños y adolescentes de nuestra sociedad.

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