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Chubut: El gobierno impulsa un tope de salarios y jubilaciones ¿Se viene otro estallido?

El gobierno de Mariano Arcioni evalúa desde hace semanas la posibilidad de establecer un tope salarial y jubilatorio para toda la administración pública provincial. El nuevo régimen deberá contar con acuerdo legislativo y ser de carácter temporal.

El primer funcionario que públicamente reconoció la existencia de un borrador del proyecto que fija un tope a los salarios y jubilaciones en la provincia fue José Grazzini, quien formuló el adelanto el pasado martes en contacto con LaCienPuntoUno. En la jornada de ayer en el marco de la presentación del Informe Delictual realizado por el Ministerio de Seguridad, el gobernador Arcioni no solo ratificó los dichos de su Ministro de Gobierno, sino que además argumentó la iniciativa y entregó algunas pistas sobre sus principales aspectos y alcances.

MARCO

Arcioni, repasó ayer la prolongada coyuntura que atraviesa la provincia. Detalló la profunda caída de las regalías hidrocaburiferas, de los ingresos propios y también de la coparticipación federal de impuestos. Al mismo tiempo recordó la carga que representan para las arcas provinciales los próximos vencimientos de deuda del mes de octubre por más de cuarenta millones de dólares, para luego detenerse en la exagerada asimetría salarial que hoy muestra el sector público en Chubut con remuneraciones que oscilan entre los 600 y 32 mil pesos, en función de múltiples variables. En ese marco reiteró que “en un momento de crisis lo que menos hay que hacer es sacar trabajadores, yo prefiero pagar tarde antes que dejar una familia en la calle” dijo, contradiciendo a aquellos que sugieren una reducción de 7000 agentes públicos como alternativa de salida a la crisis. Luego enumeró las penurias, que atraviesan producto de la pandemia, los trabajadores de algunos rubros del sector privado, como Aerolíneas Argentinas o Aluar que deben resignar hasta un 50% de sus salarios “para poder mantener las fuentes de trabajo”.

UN POQUITO DE CADA LADO

Concluido el prólogo, por primera vez el mandatario provincial comenzó a ensayar públicamente, la alternativa elegida para mitigar, aunque sea de manera temporal, la prolongada coyuntura que atraviesa la provincia.

Hoy desde el lugar que le toque” el empleado público también debe aportar lo suyo” disparó casi sin avisar.

Para alcanzar el objetivo la administración de Arcioni sabe que deberá alcanzar algún tipo de acuerdo con el resto de los poderes. Por eso recupera (¿temporalmente?) un tono dialoguista en el que apela al compromiso del Poder Legislativo y Judicial, con los que ya asegura haber adelantado las negociaciones. “Hay buena predisposición de llegar a un acuerdo de forma temporal, como nos permite la Constitución, que en tiempos de crisis poder reducir algunos sueldos. Pero tiene que ser un acuerdo político y con los otros poderes. Tenemos que sentarnos ya para poder definir esto, espero poder concretarlo cuanto antes”, dijo.

CUANDO LOS PUENTES TAMBIÉN SON LOS OBSTÁCULOS

El mayor nivel de resistencia que el gobierno encontrará para lograr que la iniciativa prospere son los sectores alcanzados por la medida.

El nuevo tope salarial y jubilatorio que surge del borrador oficial, afecta exclusivamente a los agentes encuadrados dentro del cuarto rango.

Ellos se encuentran focalizados en el poder judicial, el legislativo, los servicios públicos (Luz y Fuerza y Obras Sanitarias), viales, más otros tantos de los entes descentralizados. Desde el gobierno sostienen que la mayoría de los estatales no verían afectados sus ingresos, ya que "los nuevos topes" solo impactarán en una nómina que no superarían los 5.000 agentes entre activos y pasivos, de un universo total de más de 60.000.

El tope para salarios y jubilaciones que impulsa el gobierno es de $ 243.602,09 (el actual sueldo del gobernador).

LOS INSTRUMENTOS

El gobierno analiza impulsar dos instrumentos jurídicos para lograr la baja de salarios y jubilaciones.

En el caso del poder ejecutivo es el propio ejecutivo quien fija los sueldos y podría en el marco de una emergencia dictar un DNU que establezca un techo para salarios y jubilaciones. En el caso de los agentes encuadrados en el resto de los poderes se impulsará un proyecto de ley que establezca temporalmente (¿seis meses de aprobadala norma?) el nuevo régimen salarial y jubilatorio. El fundamento en ambos casos sería el mismo, la aparición repentina dos cisnes negros en la economía, como son la pandemia y la caída abrupta de regalías producto de la baja del nivel de actividad.

En ambos casos deberá declararse un nuevo estado de emergencia, cuyo plazo de vencimiento deberá ser establecido al momento de aprobarse la norma.

La medida no puede ser permanente, aseguró un especialista en derecho administrativo a MilPatagonias.

El mismo profesional destacó que si bien la Constitución Nacional contempla la intangibilidad de los salarios del poder judicial y legislativo, también establece la posibilidad que la norma sea violentada a través de la invocación de un “estado de emergencia”. Esa es la apuesta argumentativa en la que hoy confían Arcioni y sus colaboradores.

La iniciativa que por estas horas estudian en Fontana 50, no parece tener antecedentes históricos cercanos en el ámbito provincial, aunque sobran los ejemplos en la administración nacional, recordó el mismo profesional consultado. Tanto los gobiernos de Alfonsín como de Menem, "avanzaron sobre derechos adquiridos, e incluso en algunos casos se licuaron deudas a través del pago con bonos" recordaron a modo de ejemplo.

AHORRO

Fuentes del ministerio de Economía reconocieron a MilPatagoniasque la medida impulsada por el ejecutivo provincial, representaría un ahorro en las cuentas provinciales cercano a los 210 millones de pesos mensuales. "Es un gesto, no nos vamos a ahorrar mucho pero queremos mostrar que hay una crisis" dijeron en el cierre.

CienPuntoUno 2020

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