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Chubut: Investigan posible caso de corrupción en Salud

Tras una sospecha por sobreprecios, el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la provincia, Omar Rodríguez, reitró del edificio de la cartera provincial la documentación correspondiente a los acuerdos con la empresa Conexia.

El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, se llevó del Ministerio de Salud documentación vinculada con la contratación directa de la empresa Conexia, en mayo de 2017

Esta firma debía informatizar varios trámites de la salud pública provincial, como el sistema de turnos, la digitalización de historias clínicas, el control del stock de medicamentos, entre otros; y a la hora de su selección, no hubo licitación ni otras competidoras.

El procedimiento del investigador se concretó antes de las medidas de restricción por el coronavirus.

Al contrato con la firma de Buenos Aires lo denunció el pediatra y exdiputado Fernando Urbano ante la Oficina Anticorrupción.

“Estamos verificando y comprobando si estamos en presencia de un delito; es el primer paso de la investigación preliminar”, aseguró Rodríguez. Las hipótesis van desde una negociación incompatible con la función pública hasta una defraudación al Estado.

Por el contrato, la Provincia debe pagar $ 111 millones en 60 cuotas actualizables. “En su momento hubo dictamen de Asesoría Legal que decía que en función del monto, la regla es que debió ser una licitación pública, pero la ley de contrataciones específica de salud pública establece la conveniencia de contratar de manera directa”. Lo que se investiga es si realmente el contrato directo con Conexia era conveniente “o si hubo algo más, como un direccionamiento en favor de la empresa”.

La última cuota que se pagó fue en enero, por cerca de $ 2.500.000 de meses atrasados, porque el contrato no está al día. El total del vínculo equivale a 7 millones de dólares.

Para cerrar, Rodríguez comentó que “tenemos que ver el origen de la contratación para verificar si hubo algún interés más allá del bien común y de administrar bienes ajenos en beneficio de todos. Lo cierto es que no hubo concurso de precios para comparar; si no se comparó, ¿cómo sabemos si conviene económicamente?, ¿por qué no se llamó a otros y se contrató directamente a ellos? Eso tenemos que desandar”.

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