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Cosecha de tempestades

La comprensión de los hechos que se viven por estos días, en relación a "la cuestión minera", es superficial si pensamos en términos fotográficos, si se editorializa sobre hechos aislados. Mejor dicho, no es casual ni inocente que se editorialice sobre hechos aislados. La situación, por su dramatismo y complejidad, demanda un abordaje del tipo "película entera". Es decir, historicidad.

Chubut nuevamente en temporada de cosecha de tempestades. Se han sembrado vientos.

La comprensión de los hechos que se viven por estos días, en relación a “la cuestión minera”, es superficial si pensamos en términos fotográficos, si se editorializa sobre hechos aislados. Mejor dicho, no es casual ni inocente que se editorialice sobre hechos aislados. La situación, por su dramatismo y complejidad, demanda un abordaje del tipo “película entera”. Es decir, historicidad.

“La cuestión minera” no puede analizarse por fuera de la crisis provincial. Porque el gobierno de Arcioni, coincidente con una orientación económica general del gobierno nacional, plantea el proyecto de zonificación 128/20 como una veta de “salida” a la crisis, como una vía de “desarrollo”, como “destino”, incluso por momentos con ribetes místico-religiosos: “Dios puso los recursos bajo nuestro suelo y hay que sacarlos”, parafraseando un pasaje central del discurso oficial. En cambio, el heterogéneo movimiento que rechaza el proyecto de zonificación (y defiende el proyecto de Iniciativa Popular), lo ve como el punto de “llegada” de una crisis histórica, en otras palabras, como un peldaño más, lógico, esperable, de un modelo económico-político determinado, de carácter extractivo-exportador. Lo que se rechaza es mucho más que una nueva actividad económica, pareciera que se rechaza un modelo histórico de provincia.

CRÍTICA DE LA VIOLENCIA

Pero este texto no se coloca en la visión dominante que plantea una pugna en condiciones de “paridad” entre dos polos antagónicos, “mineros vs antimineros”, esta visión es abstracta, maniquea, vacía de contenido. Comprendemos que existe en Chubut una reacción defensiva, activa y movilizada, de un sector importante de la población, organizada en diversos colectivos a lo largo y ancho de todo el territorio, hacia una iniciativa económico-política impulsada por sectores gubernamentales, direcciones sindicales, y capitales privados. El dinamismo de la realidad y los hechos se juegan en esta relación.

El discurso que elige centrar la narración de la realidad haciendo hincapié en hechos aislados, protagonizados por este sector de la población movilizada, minimizada a la categoría de “grupos” y además adjetivados como “violentos”, busca deshistorizar esta relación de fuerzas y sus características concretas, su origen, sacarla de contexto, tornarla abstracta, nublar sus contornos e indiferenciar actores sociales y políticos. En su caso más extremo y alarmante, un discurso que busca crear un "enemigo interno", sembrar duhaldísticas teorías anárquicas, para justificar la necesaria vuelta a un "orden", incluso mediante el uso de la fuerza, de la violencia estatal, en defensa de "las instituciones", "la democracia representativa". Alarma la incomprensión y el notorio temor de la clase dirigente hacia los movimientos autogestivos y asamblearios.

Es que como en Mendoza a fines de 2019, lo que de fondo queda en cuestión es el rol de las instituciones y la legitimidad de las y los representantes. La violencia desplegada desde el Estado y desde sectores de la clase dirigente es proporcional a la peligrosidad de dicho cuestionamiento, que de prevalecer es performativo y funda legitimidad, derecho. Porque una ley siempre expresa un saldo histórico, de la lucha entre diversos intereses sociales.

Un ensayo del filósofo judeo-alemán Walter Benjamin titulado Para una crítica de la violencia, de 1921, dice: “La violencia como medio es siempre, o bien fundadora de derecho o conservadora de derecho”.

Desde esta dialéctica uno puede asomarse a la historia de los últimos 20 años. El plebiscito de Esquel de 2003 que dio origen a la Ley 5001 expresó una relación de fuerzas determinada, frente al intento de avance de la minería a gran escala en la Cordillera. En el presente, las masivas marchas en las ciudades y localidades de la provincia, los foros informativos, los mismos proyectos de Iniciativa Popular (el de 2014 y el de 2020, ambos mecanismos constitucionales de democracia semi-directa), la toma pacífica de municipios como los de Esquel y Trevelin, los recientes cortes de las rutas 3 y 40, las manifestaciones en la legislatura provincial, en las inmediaciones de domicilios de funcionarios y legisladores, todas acciones "controversiales": ¿No son una reacción lógica a la tentativa de modificar esa relación de fuerzas que se cristalizó en Esquel en 2003? ¿No son la respuesta a la escandalosa modificación de la Iniciativa Popular de 2014, con intervenciones de patotas sindicales mediante? ¿No son una democrática reacción a repetidas estafas electorales o cambios abruptos de posicionamientos públicos por parte de funcionarios elegidos por el voto popular? ¿No son la respuesta a las sospechas de coimas en el ámbito legislativo? ¿A las epidemiológicamente absurdas sesiones virtuales (la de Chubut es la única legislatura del país que sesiona de manera completamente virtual), a las comisiones clandestinas en vez de públicas, a los falsos “debates” sin confrontación real de posiciones, al constante maniobreo? ¿A la tergiversación de informes científicos del CONICET? ¿A las detenciones arbitrarias de vecinos y vecinas activistas? ¿A provocaciones de la especie “500 ruidosos”? ¿Al nuevo rechazo de la Iniciativa Popular 2020, esta vez de más de 30.000 firmas, sin siquiera debate durante la sesión? ¿A diputados y diputadas que no leen los proyectos? ¿Todo esto sumado a gobernantes que no pueden pagar los sueldos estatales en tiempo y forma, que judicializan las protestas frente a esta realidad, que toman deuda sin que luego se sepa en qué se utilizan los fondos, que ponen en pie asociaciones ilícitas y protagonizan hechos de corrupción como los insuficientemente acreditados en la reciente sentencia de la causa Revelación? Es por estos hechos que no estamos ante una pugna entre dos polos iguales, que protagonizan acciones más o menos justificables, más o menos reprochables. No. Es esta siembra de vientos la que ha cosechado tempestades.

Estas tempestades son las que hacen implosionar en siete bloques la legislatura provincial, alimentan discursos demagógicos, fuerzan recalculos y realineamientos políticos municipales, provinciales, nacionales, fuerzan a intendentes a solicitar retiros y no espirituales, inspiran traiciones, nuevas alianzas, acicatean viejos rencores.

Ruta 3 Trelew
Foto: Alejandra Guerra (LUAN, colectiva de acción fotográfica).
Foto: Alejandra Guerra (LUAN, colectiva de acción fotográfica).

RUTA 3 - TRELEW

Parados desde esta comprensión, muchos hechos se podrían retratar de los últimos convulsivos días, pero vamos con lo sucedido en la Ruta Nacional Nº3.

El jueves 6 de mayo a las 13.20, luego de la sesión que rechazó la Iniciativa Popular, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral emitió el oficio judicial 1096/2021, dirigido al comandante Hugo Roberto Wegner, de la Gendarmería Nacional, para (utilizamos varias palabras y mayúsculas textuales) ORDENARLE de manera INMEDIATA que personal de su fuerza se constituya en la Ruta Nacional Nº3 altura Km 1450, para recabar información inherente a los hechos que allí se estarían cometiendo (presunto corte de ruta), establecer la identidad de los sujetos partícipes de los mismos, determinar la producción de algún daño a las cosas o a las personas y de GARANTIZAR la libre circulación de transportes y de personas a través de ese camino nacional.

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Lleral indica aplicar técnicas de “mínima violencia”. En el último párrafo del oficio, citamos textual: “Hágase saber a la fuerza interviniente que a los fines del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se encuentra autorizada a requerir colaboración de su superioridad y/o de cualquier otra fuerza nacional y/o provincial”.

Ese mismo día, el comandante Wegner lamentó en varios medios no haber podido cumplir la tarea. A las 3.29 de la madrugada del domingo 9 de mayo, Paulino Gómez, Director de Seguridad de la provincia de Chubut, se presentó ante las personas que se manifestaban en la Ruta 3 con el oficio 1096 en mano, dirigido a Wegner, para cumplir dichas órdenes. Minutos más tarde llega a la escena el ministro de Seguridad Federico Massoni y el jefe de Policía Miguel Gómez. El operativo de despeje de la ruta, que implicó varios espectaculares centenares de efectivos, se desarrolla de manera “pacífica”, salvo por la detención de tres personas, por presunto estado de ebriedad y resistencia a la autoridad, que hora más tarde son liberadas, sin cargos, luego de concentraciones en la Comisaría 1ra de Trelew y en oficinas judiciales. Denuncian la arbitrariedad de las detenciones. Al autor del audio viral “sacá a los pucará y meté gente en cana”, Paulino Gómez, los antecedentes no lo favorecen. Con el despeje de la ruta, el ministro Massoni había consumado un exitoso acto de proselitismo electoral y había ejecutado el “trabajo sucio”.

El gobernador Arcioni aclara por Twitter a las 11.35 del domingo que luego de recibir la orden judicial de Lleral (se desconoce el momento en que el gobernador se transformó en miembro de la Agrupación XIV de la Gendarmería Nacional) da instrucción a Massoni para actuar y cumplir dicha orden. Crece electoralmente la figura del ministro, ¿Será candidato nacional del Frente Renovador o del Frente de Todos?

En este punto aparecen dos preguntas: ¿Al momento del desalojo, Gendarmería Nacional había requerido la colaboración de Massoni? ¿Lleral había emitido un nuevo oficio judicial ordenando al ministro actuar? El lunes 10 a las 9 am Massoni da una conferencia de prensa y no responde con claridad ninguna de las dos cuestiones. Dice que habló por teléfono con Wegner, con el gobernador y con el juez Lleral. Le pasa factura a Gendarmería y da a entender que si actuó, fue ante la inacción de la Gendarmería.

En horas de la tarde del lunes 10, cerca de las 17hs, el Ministerio de Seguridad de Nación acusa al ministro provincial de “un claro intento de intromisión a las competencias jurisdiccionales”, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, dice que "Se podría haber utilizado estos mismos recursos [los cientos de policías provinciales desplegados en Ruta 3] para cuidar al presidente y su comitiva cuando fueron agredidos durante su visita en marzo a la localidad de Lago Puelo"... Heridas que aún sangran en Lago Puelo. Ahora bien, si entre Gendarmería Nacional, el gobierno provincial y el juez federal Lleral hubo una descoordinación total o una coordinación total, no queda claro. Lleral no ha hablado públicamente y el dicho dice “el que calla otorga”. Entre el gobierno provincial y el nacional, la cuestión de la minería a gran escala es un compendio de acuerdos y de contradicciones, con la necesidad de dólares y las elecciones legislativas, como dos importantes vectores ordenadores. La denuncia del operativo sobre la Ruta 3 como “ilegal”, por parte de las asambleas de comunidades, tiene validez mientras continúe el silencio del juez. ¿Un viento futura tempestad?

Cuando el mismo Estado es el que no cumple con la legalidad que dice defender, asistimos a un tipo de violencia que roza la furia mítica, divina, similar a la que fundamenta un proyecto de ley sobre minería en un “destino” ineludible, que responde al llamado de Dios.

CienPuntoUno 2020

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