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Cuerpo y territorio

Los cuerpos y los territorios forman parte de problemas políticos complejos, difíciles de abordar en democracia.

Hace unos años, en una esquina de El Bolsón (Río Negro), una pared susurraba: nuestros cuerpos, nuestros territorios. Me hubiera gustado compartir una fotografía que tomé, pero por alguna razón no logro encontrar algunas imágenes del pasado. Era una pared con fondo de color oscuro, rojo o bordó, era verano y se sentía ese calor agradable de la cordillera, un calor contenido, perfumado por tanto verde.

Esas palabras se convirtieron en la consigna de diversas organizaciones feministas, mucho antes del Ni Una Menos, y luego orientaron su reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Más atrás, en 2003, Esquel había gritado No a la mina, y lo había expresado en la calle -desde 2002- y en las urnas, a través de una consulta popular en la forma de un plebiscito. Porque el agua vale más que el oro, al menos para quienes habitamos estos territorios siempre atractivos a la mirada del capital que vive en otro lado, y no me refiero sólo al extranjero. Esa foto sí la tengo, la tomé en 2018, y en ella se observa un cartel pintado en madera que le advierte No a la mina a los visitantes, así como les recuerda a los locales que allí la militancia antimegaminería creció, se fortaleció y convirtió en principio irrenunciable para esa comunidad.

Incluso, luego de aquel plebiscito, Chubut sancionó la Ley 5001 (hoy XVII-68) por la cual se prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio provincial. Esa ley ha funcionado como escudo frente a los recurrentes intentos por instalar la idea de la megaminería como solución a todos los problemas, por ejemplo, empleo, recaudación, gasto público, arraigo.

Y la persistencia del capital [1] se ve favorecida por la actual crisis o, mejor dicho, por cada una de las fases de la ya larga crisis que atraviesa la provincia. En ese marco, el pasado 16 de octubre, a través del mecanismo de iniciativa popular, vecines integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH) presentaron un proyecto de ley que reafirma la prohibición de la ley 5001 y establece parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras.

La iniciativa popular en curso es la segunda que promueven las asambleas. El primer proyecto fue presentado en 2014 y tratado por la Legislatura provincial en sesión del 25 de noviembre de ese año, la cual fue rodeada por el escándalo y desvirtuado el propósito de la iniciativa.

La actual iniciativa popular se encuentra en revisión de firmas por el Tribunal Electoral -cuenta con más del doble de las exigidas- y podría ingresar este año a la Legislatura -si es que funciona, dado el conflicto con el personal legislativo por la deuda salarial [2]. A partir de la presentación, la Legislatura cuenta con seis meses para dar tratamiento al proyecto (art. 263 Constitución de la provincia del Chubut), sin contar el tiempo en que se encuentre en receso (art. 7, Ley XII-5).

La iniciativa se dirige a garantizar la aplicación de los presupuestos mínimos de la Ley General de Ambiente (Ley 25.675) en la actividad minera que se desarrolle en el territorio provincial, en relación con “los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional”, según afirma el artículo 1° del proyecto.

Además, la propuesta prohíbe en todas sus etapas y en todo el territorio la minería de minerales nucleares, como uranio y torio, y en su artículo 5° extiende las prohibiciones previstas a las etapas de cateo, prospección y exploración.

Así las cosas, las palabras que constaban en aquella pared sintetizan muy bien el problema político que deriva del debate sobre los cuerpos y sobre los territorios. Hay algo en común en la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo y por la extracción de los recursos naturales del territorio. Y eso en común va más allá de valores, principios o, inclusive, intereses. Se trata de cuestiones donde emergen percepciones abiertamente diferentes sobre la misma cosa, no meras opiniones, sino la clase de diferencias que pueden hacernos hablar en lenguajes distintos.

El problema de la percepción aparece en las conversaciones que Maurice Merleau-Ponty elaboró para su difusión en la radio.[3] Por ejemplo, la primera conversación se llamó “El mundo percibido y el mundo de la ciencia” y la segunda se denominó “Exploración del mundo percibido: el espacio”. Lo interesante es que lo percibido no puede ser simplemente superado por la ciencia, sino que condena a ésta a una “elucidación interminable” (p. 18). No habrá un ejercicio de inteligencia que permita descubrir el objeto puro. En otras palabras, lo percibido es político.

Cuando nosotros vemos nuestros amados paisajes, las bondades de una tierra generosa, los cielos interminables y aún no contaminados, el agua que efectivamente vale más que el oro para la reproducción de la vida, otros ven carteras de negocios, inversiones, rendimientos, en síntesis, dinero. El problema es que nuestros cuerpos están situados en este espacio, están orgánicamente integrados a esos paisajes, de manera que nuestra suerte corre con la de nuestros territorios.

De la misma manera, cuando algunos ven en un cuerpo de mujer un reservorio para la reproducción de la especie y un mandato moral, cultural, otres vemos la expresión física de la afirmación autónoma de una identidad en tanto sujetas políticas, con derecho a decidir. Y no se trata solamente de decidir la interrupción de un embarazo, me refiero a decidir tener o no tener hijxs, decidir cuántos y cuándo tenerlos, decidir, en definitiva, cómo queremos vivir.

Estos problemas exponen los límites de una democracia deliberativa y ponen el acento en la posibilidad de una democracia participativa que permita la expresión de las diferencias. Al mismo tiempo, las instituciones políticas tienen la aptitud de convertirse en los ámbitos en los cuales las diferencias encuentren tratamiento y decisión. Claro está, decisión no equivale siempre a solución.

Se pueden construir argumentos sólidos basados en evidencia científica para cada uno de los problemas mencionados. Pero la respuesta es política.

[1] Aranda, Darío: “Megaminería: un nuevo avance en Chubut”, 25 de julio de 2020, Página 12.

[2] “No sesionó la Legislatura por una protesta del gremio APEL”, Diario Crónica, 1 de octubre de 2020.

[3] Esas conversaciones fueron compiladas en Merleau-Ponty, Maurice (2002): El mundo de la percepción. Siete conferencias, Fondo de Cultura Económica, Bs. As.

No a la Mina.jpg

CienPuntoUno 2020

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