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Divergencias en torno a la paridad

La construcción democrática de instituciones políticas paritarias incluye al Poder Judicial, aunque genere resistencias.

El debate público acerca de la cobertura de vacantes en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut revela la persistencia de profundas desigualdades de género en las instituciones políticas de la provincia, y no pocas resistencias a la hora de considerar medidas concretas para su superación.

Si bien la provincia del Chubut avanzó en materia de derechos y paridad política en el ámbito legislativo, no ha sucedido lo mismo en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Judicial. En efecto, a partir de la sanción de la Ley de Igualdad Política de Género a fines de 2016, y su implementación efectiva en la elección 2019, la Legislatura chubutense cuenta con 13 Diputadas sobre un total de 27 representantes. El carácter impar de la composición numérica de la Cámara, sumado al encabezamiento de listas por varones hace que, estrictamente, las mujeres legisladoras para el presente período representen el 48,15%, frente al 37,03% de la Legislatura 2015-2019.[1]

En lo que respecta al Poder Judicial provincial, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut nunca contó con una mujer como integrante en toda su historia institucional. De hecho, sólo una mujer fue propuesta para integrar el máximo tribunal provincial, Mercedes García Blanco, cuyo pliego fue enviado a la Legislatura por Mario Das Neves en 2016 y retirado posteriormente ante la ausencia de apoyos suficientes.

En ese sentido, y según la Constitución provincial vigente, es el Poder Ejecutivo el que designa a los ministros del Superior Tribunal de Justicia con acuerdo de la Legislatura en mayoría calificada (dos tercios del total de miembros, art. 166). Además, la norma establece que el Superior Tribunal de Justicia se compone de no menos de tres miembros -y no más de seis, art. 163-, por lo que el funcionamiento actual con dos miembros requiere acciones políticas concretas en dirección a cubrir las vacantes, no sólo por razones de volumen de trabajo recaído sobre los integrantes actuales sino principalmente en favor de garantizar la pluralidad de miradas y voces que requiere el máximo tribunal judicial de la provincia.

Asimismo, es importante señalar que el sentido de promover la paridad se relaciona con la producción de igualdad de género en las instituciones políticas. Por ello, no se trata de una negociación sobre el 50% de las vacantes que se decidan cubrir (podría ser desde 1 a 4), sino de la comprensión de las instituciones públicas como espacios que exigen participación igualitaria en términos de género en tanto camino ineludible en la construcción de democracias efectivas.

Por lo tanto, dicha participación igualitaria sólo podría lograrse con la integración paritaria del Tribunal, es decir, 50% de mujeres sobre el total de miembros, en los márgenes previstos por la Constitución.

De esa manera, se daría cumplimiento a normas de diferente jerarquía que forman parte de nuestro sistema jurídico y tienen por propósito específico evitar la discriminación por género y favorecer la igualdad de oportunidades, por ejemplo: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -con jerarquía constitucional desde 1994 [2]-, art. 7 de la Constitución del Chubut (no discriminación), Ley XV N°26 (Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género), entre otras.

Nuevamente, es en el ámbito legislativo provincial donde se promueven medidas específicas destinadas a avanzar en la construcción de instituciones igualitarias en materia de género. El proyecto de ley 052/20 (con ingreso el 26/6/20) presentado por la Diputada Mónica Saso a partir de la iniciativa de mujeres del derecho y otros colectivos[3], plantea la modificación de la ley V N°152 para que al momento de considerar cada propuesta de integración al Superior Tribunal de Justicia se tenga en cuenta su composición general, de forma tal que se garantice la paridad de géneros, especialidad y procedencia regional. Además, el proyecto establece como requisito la necesidad de acreditar formación en materia de género y carecer de sanciones por violencia de género o hacia un grupo vulnerable. A su vez, el proyecto incorpora explícitamente en su artículo 14 la exigencia de cobertura de las tres vacantes existentes con candidatas mujeres.

Esta iniciativa es consistente con los resultados del informe elaborado por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del Poder Judicial del Chubut. Según el informe, las mujeres representan el 58% de la composición de los poderes judiciales provinciales[4] en Argentina, aunque este predominio no se traduce en la ocupación de posiciones en los máximos tribunales. En ellos, de los 130 cargos efectivamente ocupados sólo el 31% son desempeñados por mujeres. Peor aún, 5 distritos registran ninguna participación de mujeres en sus tribunales superiores, y Chubut es uno de ellos, a pesar de que el poder judicial de nuestra provincia está integrado por 61% de mujeres.

Por último, es preciso señalar -brevemente- tres pseudo argumentos que suelen invocarse contra toda iniciativa que favorezca la equiparación de derechos, especialmente los derechos humanos de las mujeres: la oportunidad, la idoneidad, la capacidad.

En primer lugar, las demandas con relación a las desigualdades de género suelen responderse con afirmaciones tales como “este no es el momento” o “es algo importante a futuro”. Frente a semejante desconocimiento de la urgencia que impone la persistencia de un sistema patriarcal fundado en siglos de ejercicio desigual del poder, no queda más que responder que el tiempo es ahora, no más. En segundo lugar, suele afirmarse que lo importante es la idoneidad en el acceso y ejercicio de los cargos públicos. La respuesta es ¡por supuesto! La idoneidad es base, exigencia y requisito ineludible en la función pública, pero de ninguna manera es opuesta al desarrollo de acciones afirmativas que reparen la desigualdad. Créame, se puede ser mujer e idónea a la vez. En tercer lugar, en el fondo de la discriminación está el cuestionamiento a la capacidad de las mujeres. Frente a eso, podemos remitirnos a los datos sobre ejercicio de la magistratura en juzgados y cámaras, estudios y capacitaciones realizadas por las mujeres del derecho de la provincia, así como antecedentes en su defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. No hago una lista porque no me alcanzaría el espacio de esta columna.

En suma, este es un punto de divergencia en la historia institucional de la provincia. Y es ahora cuando las acciones políticas y el compromiso cívico pueden hacer efectivo aquello que, de otro modo, sólo se declama.

[1] Sobre la participación de las mujeres en la Legislatura del Chubut y en las listas de candidatos y candidatas a legislador/a por partido político para el período 1983-2015, los invito a leer “Paridad de género y representación en Chubut. Un análisis del diseño institucional actual y los patrones históricos de desigualdad de género en la representación política provincial (1983-2015)”.

[2] Al respecto, sugiero la lectura de la publicación que elabora la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario, dirigida por la querida colega Mariana Caminotti, aquí.

[3] Por ejemplo, la iniciativa Sin nosotras, no hay justicia. Se reciben adhesiones aquí.

[4] Incluye los cargos desempeñados por empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os. Informe disponible aquí.

CienPuntoUno 2020

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