Los planteos de inconstitucionalidad y de validez de las declaraciones de 24 arrepentidos, muchos empresarios y otros ex funcionarios de rangos menores, fueron llevados a Casación por algunos de los imputados que fueron señalados en ellas. Hicieron reclamos diversos las defensas de Julio De Vido, Hernán Gómez, Gerardo Ferreyra y Juan Carlos Lascurain. Pese a que varios portales intentaron presentar la noticia como una derrota para la vicepresidenta, no hubo, sin embargo, recursos por este tema de parte de Cristina Fernández de Kirchner y su abogado Alberto Beraldi.
Según publica Página/12, Barroetaveña y Petrone partieron de la base de que los imputados no demostraron un perjuicio directo en función del análisis de la Ley del arrepentido y que en todo caso se podrá dirimir todo en un juicio oral "con la amplitud probatoria propia del debate" para "el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales". Para ellos, además, el hecho de que las declaraciones no hayan sido grabadas o filmadas no las vuelve nulas. "Los recaudos para el registro tienen por finalidad garantizar 'su evaluación posterior' como indica el propio texto de la norma, de modo que si el medio utilizado en el caso posibilita ese examen, no existiría, en principio, vulneración al derecho de defensa y a la facultad de controlar esa prueba", señalaron.
