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Policiales / Judiciales | Abuso Sexual | Buenos Aires

El abusador de la joven venezolana posee "rasgos perversos y una modalidad de acecho"

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso de la joven de 18 años que fue drogada y abusada por su jefe en un comercio de Buenos Aires.

En las últimas horas, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso de la joven venezolana de 18 años abusada en un comercio del barrio porteño de Balvanera, y remarcaron que la víctima conformó una "situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional".

Por su parte, advirtió en el imputado, Irineo Humberto Garzón Martínez, "rasgos perversos y una modalidad de acecho" y la "existencia de una clara violencia simbólica y sexual", quien tomó "como un objeto" a la joven, "abusando de su dignidad y humillándola en su accionar".

También hizo referencia a las marcas halladas en el cuerpo de la víctima, a los sentimientos de amenaza, humillación y vergüenza que padece tras el episodio y a la "interseccionalidad de vulnerabilidades" en función de su edad, género, condición económica, nivel de instrucción y su reciente llegada a la Argentina.

Por eso, explicó que el "impacto subjetivo consecuente" producido en la joven posee una "sintomatología asociada a un cuadro de estrés postraumático", con "trastornos del sueño, presencia de pesadillas, ansiedad, conductas de aislamiento social, introspección, temor al afuera y prevalencia de sentimientos de culpa".

Por esos motivos, la oficina recomendó que "se dicten las medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia" y "se ponga en perspectiva la gravedad de los hechos, logrando se sancione el accionar abusivo como forma de reparación subjetiva para la víctima".

Garzón Martínez fue procesado por la jueza Karina Zucconi, pero mantuvo la libertad porque, según el criterio de la magistrada, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que intentaría eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, sumado a que no tiene antecedentes penales.

En la apelación, las fiscales Russi y Labozzetta señalaron que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que supera los ocho años de prisión y que el mínimo previsto impide que la condena pueda quedar en suspenso, y esgrimieron que el imputado premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio el sedante con el cual la joven, al ingerirlo, quedó en estado de indefensión.

CienPuntoUno 2020

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