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El Estado reparará económicamente a una víctima de violencia de género

El 18 de agosto se aprobó un acuerdo entre el Estado Nacional y Olga Díaz, víctima de violencia de género. Su abogada, Raquel Asencio, conversó esta mañana con LaCienPuntoUno sobre este caso.

Días atrás, se sentó un nuevo precedente en la Justicia Argentina. El Estado Nacional llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con Olga Díaz, logrando el primero de esta índole en el país.

El mismo remarca que el Estado argentino "incumplió la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en especial la tentativa de feminicidio sufrida por la Sra. Olga Rosario Díaz el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja".

Si bien la víctima había realizado una denuncia poco antes por violencia de género, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección

El Acuerdo fue aprobado por Decreto por el Presidente, Alberto Fernández, con intervención de los ministros pertinentes, reconociendo la responsabilidad internacional del Estado por el deficiente tratamiento judicial dado al caso; comprometiéndose a brindarle una reparación económica, un pedido público de disculpas y el apoyo interdisciplinario integral por parte de distintas dependencias estatales.

En esta línea, la abogada defensora de la víctima, Raquel Asencio, conversó con LaCienPuntoUno esta mañana sobre el caso, y afirmó que el caso inicia ante una denuncia ante la que el Estado no hizo nada útil, había un riesgo y ella lo manifestó; pero a pesar de esto, nunca recibió una medida de protección.

Raquel Asencio.
Raquel Asencio, abogada defensora de Olga Díaz.

Asencio remarcó que en los casos de violencia de género "el Estado responsable, porque es el que responde. Hay una actuación negligente de lo que fue la justicia civil y la penal, hay un doble nivel de alcance de las medidas".

"Gran parte del caso tiene que ver con los compromisos que adopta el Estado"

Sobre este Acuerdo, la defensora remarcó que al ser el primer caso de violencia doméstica que tiene una solución de esta índole, marca un avance por los estándares internos que deberíamos aspirar para alcanzar.

Para cerrar, Asencio aseguró que al día de hoy, la enorme critica del movimiento de mujeres son las faltas de respuestas reales por parte del Estado sobre generar tras los casos una la independencia económica y emocional para las víctimas; y es una situación que se realza ante el contexto de la pandemia.

El Acuerdo

  • 1. Elaborar y publicar un documento con "Principios Generales de Actuación", dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.
  • 2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.
  • 3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimación; así como mejorar los canales de diálogo entre los distintos juzgados que atienden los reclamos.
  • 4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.
  • 5. Comunicar el Acuerdo de Solución Amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso

La violencia por motivos de género sufrida por la Sra. Olga del Rosario Díaz inició en el 2002. Ese año intentó separarse de su entonces pareja, quien reaccionó con distintas formas de violencia física y amenazas de muerte. Estos hechos fueron oportunamente denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años. Los episodios de violencia se intensificaron en 2016 cuando ella puso fin al vínculo y se fue a vivir con una de sus hijas. El 2 de febrero de 2017 denunció a su ex pareja por la violencia sufrida, manifestó que sentía temor por las amenazas de muerte que le había realizado y pidió medidas de protección para ella y para sus hijos. El 24 de marzo de 2017, su ex pareja apuñaló a la mujer en su hogar, quien no contaba en ese momento con ningún dispositivo o medida judicial de protección a pesar de las denuncias que había hecho a lo largo de los años. En ese episodio también atacó a su hijo que intentó defenderla, y a vecinos y personal policial que intervinieron.

CienPuntoUno 2020

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