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Hábeas corpus en Chubut por derechos amenazados: expusieron las partes

Germán Kexel, Defensor Público de la Provincia del Chubut, dialogó con LaCienPuntoUno acerca de la teleconferencia ante la jueza Mirtha Moreno, donde el ministro de Seguridad Federico Massoni responderá preguntas a raíz de los hábeas corpus preventivos presentados por denuncias de abusos policiales en el marco de la cuarentena.

En las últimas horas se presentaron tres hábeas corpus preventivos y colectivos en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, a raíz de hechos que se han denunciando a partir de la aplicación del Decreto nacional N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad provinciales. Ejemplos recientes como el changarín detenido (según el mismo denunció, robado y maltratado por efectivos) en Comodoro Rivadavia, o los maltratos realizados en el Gimnasio Nº1 de Trelew, que funcionó como centro de detención, grafican la situación.

Los organismos e instituciones que presentaron los hábeas corpus producto de estas situaciones son la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia junto a la concejal Mariela Flores de Trelew, la Defensa Pública y por último la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

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LaCienPunto tuvo contacto con Germán Kexel, abogado y defensor público de la provincia, que participó de la teleconferencia donde los diferentes organismos expresaron los fundamentos de estas medidas preventivas: "El saldo fue positivo, los hábeas corpus preventivos se plantean cuando corren riesgo los derechos más importantes, en este caso la libertad y la integridad de las personas. Hace un mes estamos en cuarentena y eso implica restringir derechos, pero hay un marco legal para hacer cumplir dichas restricciones. Nosotros decimos que en Chubut esto no se cumple, tenemos muchos casos en varias ciudades de gente detenida de forma irrazonable y desproporcionada", señaló Kexel en Tarde para Miles.

Kexel manifestó que en primer lugar expusieron las tres partes que hicieron los planteos, que luego declararán algunas personas que sufrieron este tipo de restricciones, es decir testigos, y que en base a dichas declaraciones que se darán el día lunes, pues así lo resolvió la jueza Moreno, se pasará a la contraparte, es decir el Estado, que es el ministro de Seguridad Federico Massoni y el jefe de la Policía, Miguel Gómez, que darán sus explicaciones.

"Se intentaron en varias ocasiones resolver en otros ámbitos, uno llega al hábeas corpus cuando agotás instancias, hubo reuniones con gente del poder judicial, del Ejecutivo, donde se intimó por nota al Jefe de la Policía a fin de que cambie estas prácticas, y entendemos que esto no ha cambiado", dijo Kexel durante la entrevista.

"Hay un protocolo para las detenciones, de hecho el Ministerio de Seguridad de Nación lo tiene, y lo que pedimos, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la figura pública de mayor peso. La restricción de derechos es respetando los derechos humanos, de mínima lo que hay que hacer es respetar dicho protocolo, pues las resoluciones por las formas en que fueron redactadas, y que intentaron regular el decreto nacional, son inconstitucionales, por lo tanto es probable que la jueza también se expida, lo que ha dicho nación es:

No protegés la salud pública si detenés 60 personas y las llevás a cualquier dependencia y las exponés a contagio

"Hemos probado que detienen gente a 20 metros de la casa, detienen gente por regar un árbol, detienen gente por ir a comprar remedios", enfatizó el defensor público.

El 8 de abril, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ya había exigido renuncias de funcionarios de Chubut a raíz del audio que se filtró del jefe de seguridad, Paulino Gómez. Esta saga de hábeas corpus presentados a la justicia es un capítulo más de una historia que alarma y pone de manifiesto responsabilidades políticas, tanto provinciales como nacionales, en un dilema más amplio, que se le plantea vertiginosamente, casi al ritmo del avance del Covid-19, a todos los regímenes políticos:

La tensión entre la política de seguridad aplicada con fines sanitarios por el Estado y las libertades democráticas de la población.

CienPuntoUno 2020

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