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Investigan a abogados estafadores que buscaban apropiarse de bienes

La Justicia provincial se encuentra detrás de dos letrados que lograron el remate de activos de una empresa a precios irrisorios.

Una demanda laboral terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para que un grupo de abogados emprenda un raid de decomisos y secuestros de bienes y maquinaria que motivó ya una denuncia penal por estafa procesal.

Lo insólito de la maniobra, que tramita en un expediente a cargo Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, es que ordenaron que se subasten elementos que pertenecen a otra empresa, que no tiene que ver con la demanda hecha por un grupo de trabajadores, pero concentradas en un mismo estudio de abogados, que ya logró millonarios beneficios.

Todas las firmas involucradas pertenecen al Grupo Indalo, pero se encuentran inhibidas desde 2016, a raíz de la causa Oil Combustibles

Quién se encuentra encargado de llevar adelante las maniobras es José María Venancio, presidente del Colegio de Abogados de Esquel, junto a su socio en el estudio Azparren-Vernengo, Carlos Juan Azparren. Todas las causas recayeron ante la jueza Alicia Catalina Arbilla, quien adoptó las decisiones que motivaron una contradenuncia penal.

En la causa denominada “Errasti”, el monto de la sentencia laboral fue de poco más de $14 mil, pero para poder cobrar se secuestró un generador Caterpillar que utilizaba la empresa dentro de un contrato de locación. El bien perteneciente a a Ganadera Santa Elena se terminó subastando en $97 mil, cuando su valor de mercado ronda los 120 mil dólares.

En otra causa “González”, se secuestraron bienes por montos exorbitantes respecto a una potencial sentencia y también pertenecientes la empresa ganadera, sin dar aviso a la Justicia Federal.

Venancio y Azparren se presentaron en un tercer expediente, donde solicitaron otros embargos con el mismo modus operandi respecto de lo que quedaba en poder de Establecimiento con el objetivo de que sea vendido, proponiendo desmantelar estructuras edilicias de la empresa.

La propia Justicia chubutense está ahora detrás de estas maniobras e investigando si el grupo de abogados opera para su propio beneficio y con connivencia judicial.

CienPuntoUno 2020

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