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La eternización de los procesos, la denegación de justicia y la impunidad

Recurrentemente la sociedad discute excarcelaciones decretadas por la justicia federal en materia de hechos de corrupción. En escasas oportunidades llegamos a debatir sentencias. Porque casi nunca las hay.

Si tuviéramos un buen sistema de justicia federal, el debate público no se enfocaría en una cuestión procesalmente accesoria, de orden cautelar, sino en el aciertoo desacierto- de una condena o de una sentencia absolutoria.

Porque en definitiva, la prisión preventiva no es más que eso. Una medida que se dispone cuando es necesario asegurar el resultado del proceso. Sea para evitar que se evada la acción de la justicia, sea para impedir el entorpecimiento de la investigación desbaratando la obtención de prueba de cargo.

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Cuando los constituyentes de 1853 convocaron en el Preámbulo de nuestra Constitución a “afianzar la justicia” como uno de los propósitos fundantes de nuestra Patria, lo hicieron pensando en establecer la verdad a través de juicios justos.

En materia penal, eso solo se logra sustanciando los procesos en una instancia de juicio oral, pública y adversarial, en la que cada parte sostiene sus argumentos y produce la prueba. Sobre esa base se establecen responsabilidades y eventuales condenas.

Lo contrario es la impunidad de lo que nunca se resuelve y se eterniza en etapas de instrucción que nunca se terminan. O en determinaciones arbitrarias resueltas en la oscuridad de un despacho y al son de los cambios políticos.

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En promedio, a la justicia federal argentina tramitar una causa por corrupción le demanda 14 años. Pero hay causas con más de 20 años. Y lo peor es que la mayor parte de esa tramitación lenta, morosa y oscura, lo es en la etapa de instrucción, sin que en la mayoría de los casos se llegue a juicio y mucho menos se dicte una sentencia. Y a su vez, ese porcentaje minoritario de sentencias rara vez adquiere firmeza porque se multiplican los recursos casi al infinito.

En promedio, a la justicia federal argentina tramitar una causa por corrupción le demanda 14 años.

Un caso paradigmático es el de la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el cual fue imputado el ex presidente Carlos Menem. Los hechos datan de 1991. La causa se inició en 1995. Recién en 2001 se dictó el auto de procesamiento. En 2011 se llevó a cabo el juicio en el cual resultó absuelto. La Cámara de Casación revocó el fallo en 2013 y devolvió la causa al tribunal de juicio para que determinara las penas. El tribunal oral fijó penas de siete años de prisión para Menem; cinco y medio para quien fue su Ministro de Defensa Oscar Camilión; y de cinco y cuatro años para otros partícipes. La sentencia fue recurrida a la Corte Suprema que invalidó el fallo por falta de “doble conforme”. Volvió entonces a la Cámara de Casación, que en 2018 dispuso la absolución por haberse vulnerado la garantía del plazo razonable de duración del proceso. Al día de hoy, casi treinta años después de los hechos, la cuestión continúa sin cerrarse ya que ese fallo de Casación fue recurrido ante la Corte Suprema.

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Un sistema que funciona de esa manera frustra toda aspiración de realización del valor justicia. No satisface la aspiración social de resolver los conflictos con rectitud y en tiempo. Da lugar a la impunidad. Y del otro lado genera también el uso político de las causas judiciales para disciplinar disidencias. La comunidad queda privada del derecho a la verdad.

En este sentido, el modelo del “juez instructor” ha resultado nefasto. Es una figura más cercana a los procesos inquisitoriales que a estándares de justicia republicana. La tramitación es casi secreta. El juez es también parte. Se vuelve una figura omnipotente que prácticamente no rinde cuentas de su proceder. Puede “pisar” o “reactivar” causas según le parezca, y casi en ningún caso cumple con los plazos procesales.

El modelo del ´juez instructor´ ha resultado nefasto.

No es el único factor –hay que apuntar también la intervención política en la designación de jueces y las malas leyes de subrogancias-, pero ciertamente ha sido uno de los que nos ha llevado al actual estado de virtual denegación de justicia en que nos encontramos, pues no se puede calificar de otra manera un escenario en el cual un proceso tarda en promedio catorce años.

Afortunadamente, la mayoría de las provincias fueron abandonando este sistema de enjuiciamiento penal (Chubut lo hizo en 2006), y en el orden federal quedó aprobado un nuevo Código Procesal Penal Federal que entrará en vigencia gradual debido a las adecuaciones presupuestarias y orgánicas que son necesarias llevar a cabo para su implementación. Desde junio de 2019 rige en el ámbito jurisdiccional dependiente de la Cámara Federal de Salta (provincias de Salta y Jujuy).

En el nuevo proceso, de orden acusatorio, la acción penal queda en manos del Ministerio Público y los jueces pasan a ser jueces de garantías en la etapa investigativa, y de juzgamiento al momento del juicio propiamente dicho.

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Lo más importante: los actores del proceso tienen más controles cruzados, deja de haber un “amo y señor” de la instrucción, y los procesos se resuelven más rápidamente. Como regla, el proceso debe concluir en tres años computados desde que se abre la investigación preparatoria, la que a su vez de estar concluida al cabo de un año contado desde que se formaliza la imputación del delito a una persona determinada.

Esa es la experiencia que puede acreditarse en aquellas provincias que tomaron este camino. Es cierto que en muchas (entre ellas Chubut) subsiste el problema de la eficacia investigativa. Esto es, la determinación de la autoría de los hechos. Los procesos que tramitan rápidamente son aquellos en que ha podido atribuirse el delito a alguna persona determinada. Pero lamentablemente son mayoría los casos en que no puede llegarse a una imputación penal. Es sin duda una cuestión a mejorar.

Es cierto que en muchas provincias subsiste el problema de la eficacia investigativa. Esto es, la determinación de la autoría de los hechos.

La justicia que no llega a tiempo no es justicia, reza el refrán popular. Pero no es solo un refrán. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una norma de jerarquía constitucional en nuestro país, manda que los procesos tengan un plazo razonable de duración.

Claramente eso no está ocurriendo en el ámbito de la mayor parte de la justicia federal argentina.

Al no juzgar en tiempo y forma esos hechos, queda también el país en infracción a compromisos asumidos internacionalmente. No solo a la Convención mencionada, sino también a otros como la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley 26.097).

Quizá por esa misma razón, cada vez que emitimos o renegociamos deuda pública a nivel nacional y provincial, tenemos que sufrir la humillación que para un Estado soberano implica pactar la jurisdicción de tribunales extranjeros, ya que de otra forma no accederíamos a los mercados de crédito.

La evidencia indica que, aquellos que pueden elegir, no eligen la justicia argentina para resolver sus disputas. Es toda una definición que exime de mayores comentarios.

A tal punto llega la debacle que hace pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia dijo en una sentencia que el golpe de Estado de 1962 contra el Presidente Frondizi fue una “renuncia”. Frondizi fue destituido por la fuerza por un grupo de militares que lo llevaron detenido a la Isla Martín García. Casi 60 años después el Máximo Tribunal del país pone en entredicho la verdad histórica. Seguramente es un reflejo de la incapacidad para resolver en tiempo útil y dejar cuestiones siempre pendientes.

El desafío es entonces retomar la senda del Preámbulo de la Constitución y afianzar la justicia.

CienPuntoUno 2020

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