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La lección chilena

El proceso político chileno nos invita a extraer algunas lecciones.

Durante las últimas décadas, Chile se nos presentaba como un modelo económico exitoso, así como un “país ‘ejemplo’ de la región” (Castiglioni, 2019)[1]. La desigualdad se asimilaba a un efecto colateral del modelo y se contaba como dato, no como problema. Sin embargo, mientras el discurso de las elites reflejaba esa imagen, otro proceso corría por las venas del sistema chileno.

El estallido social de 2019 impactó por sus efectos, pero no surgió de un modo automático, sino que respondió a un proceso de descontento social y crecientes demandas insatisfechas que se sintetizaron en un lema inolvidable: “no son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al aumento del boleto de subterráneo que detonó la tensión social latente. Ya en 2006 lxs estudiantes secundarios se habían manifestado reclamando por mejores condiciones para la educación y esa demanda persistió a lo largo de los años por su relación con un reclamo más profundo de movilidad social ascendente[2], alguna proporción entre esfuerzos y resultados y la construcción de una sociedad más igualitaria, lo que aquí llamamos justicia social.

Aquel estallido de 2019 sacudió la institucionalidad vigente porque discutió sus fundamentos y abrió la pregunta sobre el futuro, aunque algunos sectores tardaron en darse cuenta. Así fue como la esposa del presidente chileno comparó las movilizaciones con una “invasión extranjera, alienígena” para luego admitir que “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”[3]. Todo el problema aparece condensado en estas frases. En primer lugar, el otro movilizado es interpretado como alguien ajeno, fuera de la comunidad política, ni siquiera de la misma especie. ¿Sobre la base de esta negación excluyente se construyó la comunidad política en Chile? En segundo lugar, se constata el reconocimiento de que las razones de sus reclamos se conocían, los privilegios, pero nada se hizo para modificarlos. Y el pueblo hizo tronar el escarmiento.

Luego vino la necesidad de organizar el descontento y planificar cómo se daría una nueva institucionalidad a ese Chile diferente, un Chile aparecido luego de décadas de postergación, y así llegaron un acuerdo y una ley.

El plebiscito sobre la reforma constitucional arrojó un 78% de votos a favor del Apruebo[4]. Sin embargo, el dato preocupante, aunque no tan novedoso, estuvo dado por la participación electoral que rondó el 51% del padrón para luego reducirse a 43% en la elección de convencionales este año.[5] No obstante, el resultado ha sido una convención constituyente que por primera vez en la historia es paritaria y, además, incluye representación de listas independientes, con organizaciones sociales y escaños reservados para pueblos originarios. Como ha señalado Julieta Suarez Cao, integrante de la Red de Politólogas, el sistema electoral propuesto para esta convención implicó quebrar el monopolio partidario en la presentación de listas, dado que los partidos políticos fueron una de las instituciones más cuestionadas a partir del estallido[6]. En ese sentido, la convención no podía repetir un diseño de la representación que, por excluyente, había conducido a este punto de quiebre.

¿Qué cambios arrojará esta Convención? ¿Cuán profunda puede ser la transformación institucional resultante? Estas son preguntas difíciles de responder. Mientras tanto, de la experiencia chilena podemos extraer algunas pistas para pensar el cambio constitucional.

Por un lado, observamos que la política conserva su capacidad transformadora. Frente a discursos que insisten con cinismo en la imposibilidad de modificar nuestra forma de vida y en la inutilidad de nuestras militancias, la experiencia chilena demuestra que, incluso en contextos de fuerte cierre y conservadurismo político, la movilización, organización y posterior disputa dentro de las instituciones puede surtir efectos.

Por otro lado, si la legitimidad electoral es un punto de partida para la solidez de las instituciones, más importante aún es cómo generar confianza en la nueva constitución con altos niveles de abstencionismo. El problema de la confianza en democracia ha sido teorizado desde Rosanvallon (2007) hasta Nohlen (2008) y, si bien se prevé un plebiscito de salida, la dimensión de la participación será clave para fortalecer la confianza en el nuevo pacto.

Finalmente, la lección chilena indica que el cambio constitucional puede provenir del planteo de un desacuerdo profundo con el orden instituido. La visión liberal de las instituciones y la democracia las asocia necesariamente a la producción de consensos (Mouffe, 2005). Es innegable que algún acuerdo debe, efectivamente, producirse. Pero quizás ese acuerdo no vaya más allá de la necesidad de cambio o el respeto por algunas reglas. De allí la magnitud del desafío. Claro está, teniendo en cuenta que la actual Constitución Política de Chile es heredera de la Dictadura pinochetista, cualquier cambio podría considerarse una victoria.

[1] Castiglioni, R. (2019): “¿El ocaso del “modelo chileno?”, Nueva Sociedad.

[2] Ramirez, F. (2016): “2006-2016: Las transformaciones en la escena educacional chilena”, Universidad de Chile.

[3] “El audio de la esposa de Piñera: “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”, Página 12, 23 de octubre de 2019.

[4] Molina, P. (2020): “Plebiscito en Chile”, BBC.

[5] Heiss, C. (2021). “Chile: la Constitución que viene”.

[6] Seminario “Reforma constitucional con perspectiva de géneros. El caso de Chile”, Instituto Gioja, 8 de julio de 2021.

CienPuntoUno 2020

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