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Manifestantes antimineros presentaron un hábeas corpus

La abogada Silvia de los Santos conversó con MilPatagonias acerca de la audiencia que se realizó el domingo por la mañana. Afirmó que Massoni no entregó un informe pedido por la justicia acerca de la zona que liberó Gendarmería a un grupo de camioneros.

Ayer por la mañana se realizó una audiencia en la cámara de apelaciones tras la presentación de un hábeas corpus (el pasado jueves), luego de la decisión de gendarmería de correr la barrera humana que dividía a los camioneros que querían avanzar con los manifestantes antimineros.

En un momento, quienes esperaban para pasar por la Ruta 3, comenzaron a sacar palos de sus vehículos, a lo que las mujeres manifestantes decidieron ponerse adelante para evitar el enfrentamiento.

Finalmente, se generó un repliegue de los manifestantes en ambos cordones existentes con el fin de evitar una inminente represión por parte de "una fuerza parapolicial porque no eran ni policías, ni fuerzas de seguridad del estado", según comentó la abogada Silvia de los Santos a MilPatagonias.

De los Santos aseguró que en ese momento se comunicó con la guardia de la Oficina Judicial de Rawson, donde le comentaron que su hábeas corpus "no había sido rechazado pero tampoco había sido aceptado", agregando que se le pidió al ministro de Seguridad Federico Massoni un informe a entregar en un plazo no mayor a las 24 horas.

Luego, el viernes confirmó el rechazo de la acción judicial presentada, "por lo que se produjo una elevación a Cámara, que también revoca esa decisión", porque Massoni nunca presentó su informe para agregar al expediente.

Finalmente el sábado se dispuso una audiencia para el domingo a la mañana; que finalmente se llevó a cabo. En la misma, encabezada por el Juez Gustavo Castro, De los Santos planteó las razones por las que "debería recaer en este proceso una resolución, teniendo además presente en la falta de celeridad del Poder Judicial ya que esta audiencia debió haberse celebrado el mismo día jueves".

Además, agregó que expuso que los manifestantes se encuentran bajo una situación de espionaje permanente, y una persecución, hostigamiento y criminalización por parte de los legisladores y las fuerzas de Seguridad; motivo por el que también se pidió el cese inmediato "de esta práctica ilegal e inconstitucional, entre otras medidas".

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