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Política | Jorge Miquelarena | Violencia de Género | Chubut | Procurador General de la provincia

Miquelarena instruyó actuaciones para los casos en que el agresor tenga acceso a armas

Teniendo en cuenta que las víctimas de violencia intrafamiliar y de género resultan de extrema vulnerabilidad, máxime frente a supuestos en los que la violencia se materializa mediante el uso de armas o por personas que habitualmente tienen acceso a las mismas, el Procurador General de Chubut indicó a los fiscales como actuar, mediante la Instrucción N° 001/21.

El jefe de los fiscales tuvo en cuenta que el conjunto de acciones y esfuerzos de los poderes del Estado Nacional y de la Provincia del Chubut destinados al abordaje de esta problemática exigen poner en el centro de la escena a las víctimas, respecto de quienes corresponde profundizar el desarrollo de políticas de prevención, fundadas en sistemas de alertas tempranas que permitan actuar a tiempo en situaciones de violencia.

En este sentido, además del complejo normativo que abarca legislación convencional internacional, nacional y provincial, de modo más concreto se han dictado instrucciones de política criminal que tienden a lograr esos objetivos, por caso la última Instrucción N° 3/2018 PG que diseña un protocolo de intervención que sirve de guía y evaluación de riesgo. Se dispone allí que a los fines de evaluación del riesgo se debe tener presente y detallar en la denuncia la utilización o el acceso por parte del agresor a armas de fuego.

Dentro de las medidas cautelares posibles, como medidas de protección, sostiene el Procurador, habrá de tenerse presente la de incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia y depósito judicial mientas dure el proceso.

En aquellas situaciones delictivas abarcadas por las definiciones dadas en la Instrucción N° 3/2018 PG cometidas con armas, o por personas que tengan acceso a armas o las usen habitualmente, lo que incluye pero no se limita a los integrantes de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, se procurará obtener una especial medida de protección que prive al agresor denunciado del acceso al arma, habida cuenta del incremento del riesgo para víctima vulnerable frente a tales condiciones de realización de los acontecimientos.

Cuando resulte pertinente, deberá ponerse en conocimiento del RENAR, para el caso en caso que el denunciado cuente con permisos otorgados por ese organismo, solicitando la caducidad preventiva de los mismos.

Del mismo modo, se requerirá además a la autoridad administrativa que corresponda que, ínterin, se conduzca un informe psicológico a practicar sobre el autorizado demostrativo de la aptitud para ser portador y utilizar armas, según sea el caso.

CienPuntoUno 2020

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