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Modelo para separar a una familia

Vanessa Gómez Cueva nació en Perú y vivió más de 15 años en Argentina donde tuvo a sus tres hijos. Sin embargo, el 1 de febrero fue expulsada junto a su hijo menor mientras los otros dos permanecen en el país.

El 1 de febrero de 2019 personal de la Policía Federal detuvo y mediante engaños llevaron a Vanessa Gómez Cueva y a su bebé hasta el aeropuerto de Ezeiza. Con la amenaza de enviar a su hijo menor solo a Perú, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima y la expulsaron junto a su bebé, separándola de sus otros dos hijos incluso sin siquiera dejar que se despidiera de ellos. Los menores de 6 y 14 años quedaron al cuidado de su tía y abuela en la ciudad de La Plata. Hasta el momento el estado no les ofreció ninguna asistencia.

Vannesa ayer (9 de julio) cumplió años y hoy lo único que pide es que la dejen volver al país para poder estar con todos sus hijos.

La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones se basó en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes que Vanessa cumplió en 2014. Tras purgar la pena, ella buscó mejorar su vida: estudió, se graduó y trabajó como Técnica Superior en Enfermería.

Sin tener en cuenta que la sentencia fue cumplida y que estaban dividiendo a una familia, Gómez Cueva fue expulsada del país.

En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina que ha derivado en violaciones que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. En 2017 el gobierno nacional modificó por decreto la ley de Migraciones. Con estos cambios las expulsiones de migrantes se incrementaron y están basadas únicamente en la existencia de antecedentes penales sin tener cuenta el arraigo y las situaciones familiares de los/as migrantes. Vanessa no es la única que vive esta situación extrema.

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Ante la intransigencia de la Justicia y el Estado Argentino y al ver que los recursos se agotaban, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exijan al Gobierno que permita el ingreso de la enfermera peruana al país para poder estar con sus tres chicos.

Se trata de una medida "a favor de la mujer y sus hijos con el objetivo de evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad", precisó Juan Martín Villanueva, abogado de la mujer.

Vanessa es una persona que nunca reincidió. Estudió y cumplió con la condena.

Vanessa fue detenida en el Aeropuerto de Ezeiza en 2010 después de intentar ingresar cocaína. Al año y medio de estar detenida en el penal de Ezeiza, quedó embarazada de su hijo más pequeño, y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para poder estar con él. En 2014 se agotó la condena y salió en libertad. Sin embargo, Migraciones reactivó su proceso de deportación en 2015 hasta que finalmente el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº 5, cuya titular es María Alejandra Biotti, ordenó el año pasado su expulsión de manera perpetua. Es decir, si las cosas se mantienen tal como están, la joven madre no podrá ver nunca más a sus hijos en suelo argentino ni mucho menos volver al país en el que prácticamente vivió toda su vida.

Para exigir el regreso de Vanessa, diversas organizaciones convocaron a cinco mujeres referentes de la cultura y el activismo. La actriz Dolores Fonzi; la abogada feminista Nelly Minyersky; la periodista deportiva Ángela Lerena; la cantante y activista Conni Isla y la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Juana Garay participaron de un video en el que piden al Estado que Vanessa vuelva al país.

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El Estado debe velar y garantizar el derecho de los niños y niñas a la reunificación familiar y permitir que Vanessa y su bebé vuelvan a la Argentina, país en donde ella construyó su vida: tuvo a sus hijos, amigos y afectos y forjó su trayectoria laboral.

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