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Narcomenudeo y Desfederalización

En relación al proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut a la Honorable Legislatura Provincial, y que ingresara bajo el Número 069/20, daré la opinión desde el punto de vista institucional del Ministerio Público de la Defensa, para de esta forma respetar el rol que nos corresponde y no inmiscuirme en las competencias de otros organismos judiciales que están involucrados en la temática.

Como es de público conocimiento, dicho proyecto de ley refiere a la trasferencia a la órbita de la justicia provincial de la investigación y en su caso sanción de delitos tipificados en las leyes nacionales 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes) en los términos, condiciones y alcances establecidos en la ley nacional 26.052, lo cual se conoce como el narcomenudeo.

Desde ya adelantare que mi opinión, desde el rol institucional que me compete, no es favorable al proyecto, basando dicha postura básicamente en la situación por la que atraviesa nuestra Provincia y en la experiencia comparada de otras provincias que ya han avanzado en normas similares sin haber obtenido resultados positivos.

En este sentido sostengo que la implementación de dicho proyecto de ley requiere indefectiblemente de una gran cantidad de recursos económicos que precisamente son los que escasean en estos momentos en la jurisdicción provincial, por lo cual previo a cualquier avance legislativo considero que es fundamental tener la certeza que los fondos serán transferidos desde la jurisdicción nacional tal como lo expresa el proyecto de ley (art. 6), cuestión que no ha sucedido en las otras provincias en la que se han dictado leyes similares y que fue una de las razones fundamentales del fracaso de dichas experiencias.

Desde la visión de la defensa pública y de acuerdo a la experiencia diaria de nuestros defensores y defensoras y demás profesionales que integran el Ministerio, una gran dificultad que le vemos a la iniciativa es la situación carcelaria de nuestra provincia y el aumento de la prisionalización que traería aparejado el mismo. La Provincia del Chubut se encuentra en emergencia carcelaria declarada por decreto del propio Poder Ejecutivo Provincial, la cual es renovada año a año desde hace más de cuatro años, y de acuerdo a los delitos cuya competencia se transfiere tenemos que las condenas en un alto porcentaje serán de cumplimiento efectivo.

Dicha cuestión es un tema central a tener en cuenta ya que indefectiblemente la implementación del proyecto traerá aparejado que aumente considerablemente el número de personas privadas de libertad en cárceles provinciales, las cuales hoy se encuentran prácticamente sin lugares disponibles, ello contando que el treinta y cuatro por ciento (34%) de las personas detenidas se encuentran en comisarías que no son los lugares adecuados para tratamiento y rehabilitación de personas condenadas e incluso procesadas.

De acuerdo al último relevamiento semanal realizado por la defensa pública, en nuestra provincia, contando las comisarías, tenemos lugar (cupo carcelario) para 624 personas detenidas, y al día 03/08/20 había 608 personas privadas de libertad, con lo cual quedarían cupo para 16 personas.

Pero es importante reiterar el concepto de que las comisarías no deberían alojar personas condenadas, con lo cual el déficit carcelario es importante hoy en día en nuestra provincia, lo cual se agravaría notablemente de prosperar el proyecto de ley en estudio, siendo el resultado el indefectible hacinamiento en las cárceles provinciales.

A ello le debemos sumar que este tipo de delitos por la temática que abordan conllevan muchas veces aplicación de programas de desintoxicación y rehabilitación que nuestras cárceles no están preparadas para poder sostener. Tampoco debemos dejar de tener presente que en otras jurisdicciones que han adoptado este tipo de normativas han aumentado el número de mujeres detenidas. En nuestra provincia a la fecha del informe que diera cuenta anteriormente, había 8 mujeres detenidas las cuales no se encuentran en lugares especializados para su tratamiento.

Otro de los aspectos que considero que puede traer inconvenientes en el proyecto, es la necesidad que se generará de aumentar la cantidad de cargos no solo de fiscales como lo indica el art. 10 del proyecto de ley, sino también de jueces especializados en la materia y defensores púbicos, ya que en materia penal de acuerdo a estadísticas propias, más del 90% de las causas son atendidas por defensores públicos, los cuales también requerirán de una correspondiente capacitación en esta materia a los fines de brindar un adecuado servicio de defensa.

No podemos soslayar que la cobertura de dichos cargos, independientemente de la cuestión presupuestaria, requiere de procesos de selección por parte del Consejo de la Magistratura, procesos que llevan un considerable tiempo, más en estos momentos que la situación de pandemia dificulta el normal funcionamiento de dicho órgano constitucional.

En conclusión, considero que el proyecto en cuestión requerirá de una muy importante asignación de recursos presupuestarios que hoy es de público y notorio que no existen en la provincia, y que no hay certeza que sean remitidos. A ello le debemos sumar que no es una cuestión que hoy en día no esté atendida, sino que existen juzgados, fiscalías y defensorías federales especializadas en la materia con asiento en la Provincia que tienen dicha competencia.

Celebro que la temática se ponga en agenda pública, y que los recursos sean destinados a combatir el flagelo de la droga y sobretodo con el objetivo de alejar a nuestros jóvenes de la misma con políticas públicas firmes hacia ello. Sin dudas políticas públicas serias para el abordaje de esta problemática requieren de políticas de salud, educativas y desarrollo social especialmente destinadas a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Sebastián Daroca, Abogado UNLP, Defensor General de la Provincia del Chubut.

CienPuntoUno 2020

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