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Piden juicio para un ex funcionario por pedido de coimas para instalar un hotel

Alberto Vargas y Marcela Montero están acusados por pedir 300 mil dólares para lograr la aprobación de obra de un hotel ecofriendly en Puerto Pirámides.

Vargas y Montero quedaron grabados en una cámara oculta. En el allanamiento se encontraron dos armas, y en un aparato electrónico peritado había pornografía infantil.

Los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos presentaron la acusación contra Alberto Vargas y Marcela Montero por "tráfico de influencias". Para Vargas, además, se lo imputa de “tenencia de arma de fuego de uso civil condicionado y tenencia de arma de guerra” que fueron encontradas en el allanamiento a su departamento.

Vargas fue exfuncionario provincial y, al momento del hecho, se desempeñaba como funcionario en la Municipalidad de Trelew.

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A fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno. Una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas. Pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares.

Battilana junto a la socia canadiense Amy Sharilyn decidieron realizar la denuncia ante el fiscal Daniel Báez. “Le pidieron U$S 300.000 dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”, indicaron desde la fiscalía.

“(Báez) me preguntó si estaba dispuesto a ayudar en la investigación, a lo que accedí”, recuerda Battilana. Como parte de una operación encubierta para ayudar al fiscal a reunir evidencia, Battilana “les siguió el juego”, interactuando con Marcela Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo. Llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con Montero fueron registrados para la investigación.

Una de las conversaciones mantenidas por Whatsapp, por ejemplo, indica:

[23/2/19 09:11:18] Marcela Montero: Estoy llamando a Albert O a ver si podemos ir juntos .

[23/2/19 09:11:54] Marcela Montero: Te aviso en un ratito

[23/2/19 09:12:16] DENUNCIANTE: Quien es Alberto?

[23/2/19 09:13:34] Marcela Montero: Es amigo del intendente de pirámides

[6/3/19 17:38:39] Marcela Montero: Tiene que pasar por el consejo porque hay que hacer una modificación a la ordenanza

[6/3/19 17:38:40] Marcela Montero: Algo tiene que poner de entrada

[6/3/19 17:38:55] Marcela Montero: Esto me mando recién

[21/3/19 14:19:33] Marcela Montero: Hola estoy acá en una reunión con Alberto el que está manejando el tema .mas o menos la movida sale 300 mil dólares. Avísame si te sirve .no puedo llamarte en este momento .tipo 4 me desocupo.

[21/3/19 14:20:46] DENUNCIANTE: Marcela. Te espero hoy 18 hs cómo quedamos. Viaje acá para esto. Te pido puntualidad ya q tengo otra cosa más tarde. Si?

[21/3/19 14:22:51] Marcela Montero: Estoy a las 6

Battilana se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmados y grabados por la División de Investigaciones de la Policía, le dijeron que si pagaba un anticipo sobre el soborno "nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago. Era como pagar en cuotas”, recordó Battilana.

Los imputados sostenían que “los U$S 300.000 eran necesarios para “arreglar” a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza, que Alberto estaba vinculado políticamente con el intendente de Pirámides”, indica el escrito presentado por los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos.

El siguiente paso procesal es la realización de la “audiencia preliminar” para que un juez determine si el caso presentado por los fiscales va a juicio oral y público.

Con las pruebas, se realizaron allanamientos en los domicilios de Vargas. Y además de elementos electrónicos, se secuestraron dos armas de fuego de tenencia ilegítima. Asimismo, en la pericia informática realizada por el Equipo Técnico, se descubrieron múltiples archivos con videos e imágenes de contenido pornográfico con la participación de menores de edad. A raíz de este hecho se derivó un nuevo caso por la presunta comisión del delito de “tenencia de pornografía infantil” y el próximo 17 de marzo será la audiencia de apertura de investigación por esta nueva causa.

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