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Responsabilidades y oportunidades para más y mejor educación.

Esta semana empieza la decimotercera de paro docente. Al culminar serán 65 días de pérdida continua de clases por un conflicto que no tiene una solución inmediata si todo se mantiene en el mismo plano en que se inició.

Si se suman las clases perdidas en los últimos dos años y se analiza a la luz de los requerimientos de continuidad que tiene el proceso cognitivo en la trayectoria vital de los estudiantes se puede tener una dimensión de la magnitud del problema. Si por arte de magia el conflicto gremial se resolviera hoy, la crisis educativa persistiría.

A esta altura los principales actores deben asumir que se ha generado una Emergencia Educativa en los términos que la define la Ley N° 26.206 de Educación Nacional en su artículo 115. Se está transitando el tiempo en que objetivamente será necesario evaluar la pérdida del año lectivo si no se diseña y ejecuta un plan muy preciso basado en la recuperación de contenidos previstos en la malla curricular en cada uno de los niveles y escuelas. Esto no puede ser una decisión formal ajena a la comunidad educativa; no se resuelve por un mero decreto o un acta paritaria.

El único sitio donde se puede evaluar el daño del proceso de enseñanza y aprendizaje es la escuela. Para ello hay que salir de la zona de confort que paradójicamente tienen todos los conflictos e incorporar el interés de los estudiantes en el centro de la ecuación. Supervisores, directivos, docentes, auxiliares y mandos medios del sistema escolar pueden encontrar mecanismos y dispositivos adecuados.

Es público que el conflicto gremial, originado inicialmente en problemas de financiamiento, fue derivando en una serie de situaciones donde múltiples actores (políticos, sindicales, empresariales, etc.) tienden a protagonizar situaciones controversiales que lo incrementan y lo diversifican. Diagnósticos y propuestas ajenas al interés educativo prevalecen y confunden.

El manejo del conflicto requiere reconocer sin ambigüedades los actores con interés legítimo; es central considerar que estos tienen razones valederas para expresar sus disidencias en democracia. No hay que negar el conflicto, hay que conducirlo hasta llegar a una mejor situación y eso es responsabilidad en primera instancia del Estado y el resto de las instituciones (los gremios por ley también lo son).

En situaciones como estas no estigmatizar al que piensa distinto y respetar los procesos de acuerdos aunque sean largos, confusos y trabajosos es necesario. El tiempo bien manejado disminuirá la violencia física y simbólica en lo inmediato y la pérdida de calidad educativa y de inclusión social en el mediano y largo plazo.

Conflictos, educación y derechos de la infancia.

La Emergencia Educativa en los términos de la ley nacional de educación debería ser parte de un análisis en el diseño de las políticas públicas provinciales para esta etapa de transición hasta el 10 de diciembre; esta por ley no puede ser unilateral, requiere de un programa de acción consensuado que requiere tiempo de elaboración.

Si bien los problemas financieros pueden adjudicarse principalmente al gobierno provincial, la falta de soluciones al conflicto educativo en buena parte se debe al incumplimiento de la legislación por parte del gobierno nacional que exige su involucramiento pleno.

Una evaluación del capítulo de atribuciones en el plexo normativo nacional indica que el Ejecutivo Nacional no asumió de forma responsable la solución de este caso. Por supuesto que no es una situación excepcional, la decisión de no convocar a la Paritaria Nacional en 2016, la baja general del presupuesto educativo, la falta de políticas educativa que operen como guía de

las jurisdicciones y la debilidad en la que se sumió al Consejo Federal de Educación son parte de lo mismo.

También ha quedado claro que la posición que tomó el gobierno de Macri sobre este y otros temas no es ajena el momento electoral y al alineamiento que el gobernador Arcioni tiene con la candidatura de Fernández. Pero, en política el contexto es condición nunca excusa. Por eso no hay que olvidar que para afrontar el conflicto es necesario asumir que cada política pública y las acciones derivadas de ellas tienen sus especificidades.

Si bien el origen es común por las restricciones financieras provinciales, en este tipo de crisis es una exigencia de la eficacia distinguir que no hay una solución standard para todos los sectores públicos, cada uno tiene herramientas precisas, actores, normativas y presupuestos. No es lo mismo un ministerio de gobierno o de economía que uno de educación.

Los funcionarios de cada ministerio u organismos deben ser quienes provean diagnósticos y soluciones eficaces al ejecutivo, la legislatura y el poder judicial. Su ausencia en el debate público debilita posibles consensos, quita especificidad a los diagnósticos y eficacia a las soluciones.

La situación actual de la educación provincial es un ejemplo claro, el nivel actual de exposición del gobernador o el ministro coordinador en el tema sugiere que el bajo perfil ministerial termina quitando herramientas y debilitando la autoridad de quien ejerce el ejecutivo por más buena voluntad que este tenga.

En los últimos tres años y medio ya han pasado cinco ministros de educación y numerosos subsecretarios y directores provinciales. El predominio de agendas judiciales, administrativas o gremiales sepultó la especificidad educativa y alejó la gestión ministerial de las escuelas que son el corazón, el cerebro y el músculo de la educación. Sin escuelas empoderadas no hay sistema que funcione bien y menos que mejore.

En las constituciones nacional y provincial y en las leyes que se derivan hay un programa de gobierno mínimo. Cada proyecto político puede mejorarlo, pero lo que no puede hacer es empeorarlo. En Argentina los derechos de la infancia, entre los que están incluidos los educativos, tienen rango constitucional en calidad de ¨interés superior¨; es decir están sobre otros derechos.

Bajo este fundamento la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, dice ¨Artículo 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado¨.

Cuando esa garantía está en riesgo en una provincia el Ministerio Nacional de Educación tiene atributos para remediarlo en acuerdo con todas las partes. Dice el artículo ¨115 inc. f) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio, conforme a lo establecido por el artículo 2º de la presente ley. Esta decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de la jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de Educación, y serán comunicadas al Poder Legislativo nacional¨.

Una estrategia que en este sentido permita reparar las pérdidas educativas no podrá dejar fuera del análisis de que hacer en el año 2020.

Legados y responsabilidades

Un enfoque viable para abordar estos problemas es recuperar el legado que dejó Néstor Kirchner en ese histórico viaje a Entre Ríos en 2003 como primer acto presidencial involucrando de forma activa al gobierno nacional en la solución educativa de ese conflicto de origen gremial. Las enseñanzas adquiridas en esta historia reciente pueden iluminar la búsqueda de soluciones actuales a los problemas provinciales en el marco de las leyes vigentes surgidas de esos debates.

Es cierto que no se puede esperar que el actual gobierno nacional a pocos meses de terminar su mandato cambie sus acciones más allá de la campaña de la autocrítica. Pero sí es posible que los actores provinciales busquen cambiar algunos de los criterios sobre el manejo del conflicto e inicien un camino que pueda aprovechar nuevas oportunidades luego del 10 de diciembre. Pero el camino empieza ahora.

La expectativa de un nuevo gobierno nacional con otro enfoque más comprensivo de la educación y los conflictos por derechos sociales no puede tampoco generar una fuga hacia adelante en la gestión educativa de la jurisdicción provincial.

En las crisis hay oportunidades y en espera de una situación más favorable a nivel nacional es necesario definir estrategias claras e ir construyendo un horizonte que permita buscar un gran consenso educativo, sin exclusiones, basado en líneas prioritarias de acción que vuelvan a poner la educación en el centro de las políticas públicas efectivas. No meramente discursivas, realmente efectivas.

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