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Sobre la provincialización de las investigaciones vinculadas al narcomenudeo

En una apretadísima síntesis, me opongo a que se asuma la competencia sin los recursos. En el estado actual de cosas, no observo que sea posible ni esperable contar con recursos, ni provinciales ni nacionales.

Pero no puede desconocerse que el tema tiene sus aristas. Por ejemplo, algunos sostienen que la diferenciación del narcomenudeo y el narcotráfico produce un corte artificial en los ilícitos, por lo general vinculados, entorpeciendo su persecución. De ello concluyen que una investigación fragmentada genera el riesgo de impedir la comprensión de la cadena delictiva del narcotráfico y, consecuentemente, atacar sus verdaderas causas. Por tanto, dividir las competencias imposibilitará determinar la punta del ovillo de las investigaciones para poder llegar al otro extremo de la madeja, en la que se ubica la cabeza de las organizaciones narcocriminales. En estos términos se ha pronunciado la Asociación de Magistrados y Funcionarios en un reciente comunicado. En verdad, como ya mencioné, no me opongo a la división de competencias, desde el punto de vista conceptual. Sí pongo reparos y advierto sobre la falta de recursos para que la Provincia del Chubut asuma actualmente las investigaciones de narcomenuedo.

Una investigación fragmentada genera el riesgo de impedir la comprensión de la cadena delictiva

Desde ya, tampoco formulo oposición a la creación de la unidad especial de policía de investigación antinarcóticos. De hecho, bienvenido todo lo que sirva para las investigaciones penales; sin embargo para alcanzar el éxito que se espera el enfoque debería ser integral.

Pero como dije antes, el eje del problema es que no están los recursos indispensables para encarar la nueva carga de investigaciones, ni es esperable que en corto plazo esos recursos aparezcan. Y me refiero tanto al recurso material, el dinero y los medios económicos que hacen falta para investigar, como al recurso humano: Fiscales, Funcionarios y Jueces, necesarios para procesar todo el cúmulo de trabajo que implicarían las nuevas competencias.

Es así que advierto que existen serias limitaciones para el traspaso al nivel provincial de las investigaciones de narcomenudeo. Veamos concretamente que el Ministerio Público Fiscal Chubut investiga unas 26 mil causas al año, un promedio de más de 700 por cada funcionario. A este número se añadirían varios miles a partir del traspaso de la investigación del narcomenudeo de la Justicia Federal a la provincial. Si bien la a nivel provincial se prevería crear dos cargos de Fiscal adicionales por circunscripción, destinados a estas investigaciones, las designaciones demandan de mucho tiempo y de ninguna manera es posible que se produzcan para el 1 de septiembre, cuando entraría en vigencia la ley que estudia la Legislatura.

El Ministerio Público Fiscal Chubut investiga unas 26 mil causas al año, un promedio de más de 700 por cada funcionario

Para ejemplo, basta ver lo que ocurre con las vacantes para Fiscal General actualmente no cubiertas. En Comodoro Rivadavia hay pedido un fiscal desde el 20 de mayo de 2019 y otro para la comarca en la misma fecha; en Trelew fue requerido un fiscal el 9 de agosto de 2019 y el 10 de julio del mismo año, se pidió uno para Rawson y otro para Trelew. Ninguno de esos cargos fue cubierto hasta el momento, ni siquiera se llamó a concurso.

Por eso digo e insisto que me opongo al traspaso en estas condiciones, porque implicaría poner en cabeza del Ministerio Público Fiscal y de todo el Poder Judicial local funciones para las cuales no cuenta con los recursos para responder.

Desde la sanción de la Ley Nro. 26.052, en el año 2005, mediante la cual se habilitaba la transferencia de la competencia referida solamente ocho provincias han adherido: BUENOS AIRES (Ley Nro. 13.392, en vigencia desde el 2-12-2005), CORDOBA (Ley Nro. 10067, en vigencia desde el 1-12-12). SALTA (Ley Nro. 7782, en vigencia desde el 1-1-14), CHACO (Ley Nro. 7573, en vigencia desde el 6-5-2015); FORMOSA, (Ley Nro. 1627, en vigencia desde 24-9-15), ENTRE RIOS (Ley Nro. 10566, en vigencia desde el 9-5-18), SANTIAGO DEL ESTERO (Ley Nro. 7252, en vigencia desde el 20-3-18) y CABA (Ley Nro. 5395, en vigencia desde 1-1-19). En las provincias de Jujuy, La Rioja y Tucumán se sancionaron las respectivas leyes pero nunca entraron en vigencia.

Las experiencias en las jurisdicciones adheridas no han sido para nada beneficiosas respecto de los objetivos propuestos pues no han logrado reducir el delito, han visto superada su capacidad de actuación, han colapsado los lugares de detención y ninguna de las Provincias ha recibido los aportes nacionales necesarios para que la Justicia Provincial logre dar una respuesta seria y eficaz a la problemática. Nada hace pensar que la experiencia en Chubut pueda ser distinta.

Las experiencias en las jurisdicciones adheridas no han sido para nada beneficiosas respecto de los objetivos propuestos

Como mencioné, la Asociación de Magistrados y Funcionarios se pronunció al respecto, expresando su coincidencia con la necesidad de encontrar soluciones al flagelo de la droga y sin desconocer que la sociedad reclama respuestas urgentes, pero afirmando que la idea del Poder Ejecutivo materializada en el proyecto de ley conspira contra tales propósitos.

En sentido coincidente con lo que vengo afirmando, resaltó la Asociación que una transferencia de competencias como la que se propicia debería prever y disponer los fondos necesarios para que la Justicia provincial pueda afrontar el costo de las investigaciones, lo cual implicaría la creación de cargos en las fiscalías, defensorías y judicatura, de muy difícil cobertura en una Provincia que adeuda dos meses y medio de sueldo a sus funcionarias/os y magistradas/os, dijo.

Puntualizó también acerca de otros aspectos no menos importantes como: la previsión de las partidas presupuestarias para la creación de laboratorios periciales específicos, cuyos valores son sumamente elevados; la provisión de bóvedas especiales de seguridad para el resguardo de la droga secuestrada, así como el equipamiento para su destrucción, que debería llevarse a cabo de forma rápida y segura. Entre otros aspectos, resaltó la creación de la Policía Judicial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, así como la necesidad de generar más lugares de detención de personas procesadas o condenadas, los que deberían ser provistos por el Gobierno Provincial, debiendo tenerse en cuenta que se trata de una modalidad delictiva en la que interviene un importante porcentaje de mujeres.

Mencionó finalmente la necesidad de creación de nuevos establecimientos donde alojar a personas adictas para su tratamiento y recuperación; no sin dejar de mencionar que esto se da en un contexto de una gravísima crisis económico-financiera por la que atraviesa la Provincia y, en particular la emergencia carcelaria.

En este contexto, insistir en la desfederalización conducirá, indefectiblemente, a un desmejoramiento en las condiciones de persecución e investigación de ese tipo de ilícitos y, consecuentemente, a un agravamiento de la actividad delictual.

Mencionó finalmente la necesidad de creación de nuevos establecimientos donde alojar a personas adictas para su tratamiento y recuperación

Ya puso de resalto la Asociación de Magistrados que son notables las diferencias en cuanto a capacidad investigativa entre la jurisdicción federal y la de las provincias adheridas, las que determinaron que en 2019 se sancionara la Ley Nro. 27.302, mediante la cual se creó en cada jurisdicción “una mesa de intercambio de información que está integrada por los Jueces Federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los Fiscales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los Jueces Provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la ley 23.737 y sus modificatorias y por los representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad. En dicho ámbito se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso”. Esto muestra, con claridad, que el traspaso propuesto no sólo resultaría inoportuno en Chubut sino que sería inconveniente y perjudicial para el logro de los propósitos que se invocan en el referido Proyecto. Comparto ese pronunciamiento.

Es que, además, es necesario que exista un enfoque integral que atienda todas las cuestiones de la problemática: la social, la educacional, de salud… no solamente la investigación policial.

En verdad, creo que los cambios se deben dar en las estrategias de la investigación de estos casos. Es tiempo de empezar a investigar a partir del lavado de dinero y desde allí para abajo; pegar donde más duele que es precisamente donde se benefician económicamente con este flagelo que es la droga. Es necesario cambiar la lógica de la investigación para obtener resultados distintos.

Jorge Miquelarena - Abogado UBA . Procurador General de Chubut desde 2008.

CienPuntoUno 2020

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