Banner Radio Header

Opinión | Atentado | Patagonia | Mapuches | Comunidades Originarias

Terrorists & usurpers in Patagonia

Denuncias flojas de papeles, un corpus jurídico funcional a un modo de apropiación y explotación de los territorios y una ofensiva frente a procesos políticos y sociales que se desarrollan del otro lado de la Cordillera.

“Otro ataque mapuche en El Bolsón: crean equipo de fiscales y envían fuerza federal”; “Terrorismo" mapuche en El Bolsón: la gobernadora pidió ayuda a Nación para investigar el brutal ataque”; “Carreras tildó de acto "terrorista" el incendio realizado por la RAM mapuche”; “El kirchnerismo de Río Negro repudió el ataque mapuche en El Bolsón y reclamó que la Justicia condene a los responsables”; “Nuevo ataque mapuche: destruyeron el club más emblemático de El Bolsón”, estos son algunos de los titulares que se leen en portales y tapas de diarios en relación a los hechos que se desarrollan en la Patagonia, particularmente en El Bolsón, y que han sido destacadamente colocados en la agenda mediática nacional.

Embed

Lo que sigue debajo de esos titulares es una nueva y vergonzosa página del manual de las malas prácticas periodísticas y comunicacionales en Argentina. Pues en ningún lado aparece información, menos pruebas, para demostrar que el incendio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón, del pasado miércoles 20 de octubre, fue realizado por comunidad originaria o agrupación mapuche alguna. Salvo la foto de una nota, sin firma, escrita con letras recortadas de revistas gráficas, y la mención a la existencia de bidones de nafta en las inmediaciones del club. Una fake news en regla.

Nota amenazante
La única
La única "prueba" para adjudicar el incendio del CAP a comunidades originarias.

Flojera de papeles

En los últimos meses, han ocurrido “atentados” e incendios similares en la zona, sin nunca acreditar las investigaciones en curso quiénes fueron los responsables. Mientras las pruebas no aparecen, se ha generado un “clima enrarecido” en la zona, que ha parido una palabra cara para la historia argentina: “terrorismo”; y en términos materiales, ha provocado la presencia de fuerzas federales de seguridad en la zona, concretamente la Gendarmería Nacional, tras el pedido de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y la respuesta del presidente Alberto Fernández.

La última vez que fueron adjudicados sin pruebas este tipo de hechos a comunidades originarias, particularmente, al pueblo-nación mapuche, fue con los catastróficos incendios en la Patagonia en marzo de 2021, en Río Negro y en Chubut. Desde un primer momento, se habló de “intencionalidad”. Quien inmediatamente dijo tener “pruebas” para abonar esa hipótesis fue el senador rionegrino y ex-gobernador Alberto Weretilneck. También, esta línea investigativa fue calificada como la más “sólida”, en conferencia de prensa, por el mismo gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y miembros de su gabinete, que hasta llegaron a ofrecer $100.000 de recompensa a quienes brinden "más datos"; el ex intendente de El Hoyo, Mario Breide dijo: "la RAM siempre amenazó con prender fuego todo"; El ex senador y actual Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto también se sumó a esta línea; desde ya Patricia Bullrich, presidenta del PRO, o figuras como Florencia Arietto, invocaron inmediatamente el fantasma de la RAM; incluso el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, quedó pegado a esta línea al haber radicado una denuncia penal y haber hablado de intencionalidad, cuando las llamas aún devoraban los bosques.

Hemos consultado varias veces, públicamente y también en privado, al fiscal que investiga estos hechos, el doctor Carlos Díaz Mayer, si aparecieron las mencionadas pruebas, y siempre la respuesta fue un rotundo “no”. En cambio, las pruebas que sí aparecieron durante las investigaciones fueron las vinculadas al deterioro del tendido eléctrico en la zona, por una desidia estatal de décadas, lo que habría generado al menos uno de los cuatro focos del incendio. Una línea sobre la cual las figuras políticas que hemos mencionado no se expidieron ni se apuraron para presentar y/o fabular pruebas.

Para resumir la primera parte de esta crónica: estamos ante un verdadero homenaje a la máxima goebbeliana “miente, miente, que algo quedará”.

El corpus jurídico

Esta operación discursiva, de demonización y criminalización de los reclamos territoriales, no sólo de las comunidades originarias sino de la población en general tiene una función concreta, ocultar el otro lado de la moneda: el proceso de extranjerización y concentración de la tierra en la Patagonia. De fondo, estamos ante un problema de intereses y especulación inmobiliarios. Del modo en que se busca valorizar la tierra y explotarla en términos económicos y políticos. El conflicto es, a grandes rasgos, por el modo de relación del ser humano con la naturaleza, el ambiente, los territorios, como quiera llamarse, en los marcos del sistema vigente, que es el capitalismo tardío.

¿Quiénes son los usurpadores? ¿No estamos ante usurpaciones legalizadas?

Por ejemplo, el Grupo Benetton tiene 902 mil hectáreas en Chubut. En 1991, el holding italiano compró Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) a un consorcio inglés que estuvo en la Patagonia durante un siglo. ¿Cómo se llevó adelante esta apropiación durante el menemismo? Según datos de Amnistía Internacional publicados en 2017, que cita la periodista Maia Jastreblansky en un artículo que publicó en 2018 Chequeado, "hay cerca de 225 conflictos que involucran a las comunidades aborígenes en todo el país, en su mayoría, por asuntos territoriales, que en varios casos involucran a terratenientes extranjeros".

Y agrega que la cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta ley fue sancionada en diciembre de 2011, e impulsada por el gobierno de Cristina Fernández, para “frenar la extranjerización”. Pero la ley fijó topes a futuro, no fue retroactiva, estipuló que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental, y que por nacionalidad no podían superar el 30% de ese 15 por ciento. Es decir que una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país. Esto no afectó los derechos ya adquiridos, y el proceso de extranjerización profundizado por el menemismo. Si una empresa o una persona extranjera poseían tierras por fuera de los límites de la Ley 26.737, el Estado argentino no pudo retrotraer la situación, porque hubiera sido “inconstitucional”. En este entonces, en 2018, había 50 distritos que no se ajustaban a la ley.

Hay 5.900 registros de tierras extranjeras, según el artículo de Jastreblansky, de los que se desconoce la nacionalidad. Se trata de 2.230.610 hectáreas, según informa el RNTR. 890.000 están en Santa Cruz; 234.000, en Chaco; 159,000, en Chubut y 136.000 en La Pampa. Este desconocimiento explica en parte, porque no se cobra hace décadas, por ejemplo en Chubut, el impuesto al mobiliario rural. Porque “no se sabe” de quiénes son las tierras. Desde ya hablamos de una ignorancia cómplice.

Esta “ignorancia” se sofisticó durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de dar una clara señal política al aparecer públicamente en el helicóptero del terrateniente Joseph Lewis, el 24 de marzo de 2016, para llegar a su estancia, parte de las casi 12 mil hectáreas que posee en el Lago Escondido, en Río Negro.

No se quedó en lo simbólico, con el decreto 820/2016, el gobierno de Macri dispuso que algunas restricciones de la llamada “ley de tierras” y brindó dio mayor libertad a la venta y recompra de terrenos. El decreto no sólo ratificó la protección de los derechos adquiridos sino también legalizó los negociados futuros. El extranjero puede vender sus 1500 hectáreas en zona núcleo a otro extranjero. En ambos casos debe respetarse el cupo de extranjerización, que no haya cuerpos de agua de envergadura y permanentes ni se trate zona de frontera. El decreto de Macri estableció que para que una sociedad sea considerada extranjera deberá tener más del 51% del paquete accionario o el 51% de la voluntad mayoritaria. Con 51% o menos no se verá afectada por las restricciones de la ley. Esto posibilita los pasamanos y acuerdos entre nacionales y extranjeros para hacer negocios. Además, para fijar una reorganización societaria, el nuevo decreto estableció que sólo es necesario emitir una comunicación al RNTR, no ya emitir un nuevo certificado, como fijaba antes la ley. Desde la vigencia del Decreto 820, sigue desarrollando el artículo de chequeado.com, las cinco provincias con más hectáreas vendidas a foráneos fueron Santa Cruz (19.240 hectáreas), Buenos Aires (14.003 hectáreas), Mendoza (11.784 hectáreas) y Chubut (10.010 hectáreas). El nombre de estos nuevos propietarios no es público, pero según la información oficial se puede saber que en Santa Cruz se entregaron dos territorios de 9.620 hectáreas a empresas francesas para emprendimientos mineros en el departamento Magallanes. Y en Gaiman, Chubut, se autorizó la venta de cuatro terrenos de 2.500 hectáreas a franceses para emprendimientos mineros.

Según los registros del RNTR a 2018, 1.877.885 de hectáreas argentinas están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales, u “off-shore”, diseñados para evadir impuestos. Durante el gobierno anterior de Cristina Fernández esa cifra ascendía a 6 millones. Pero la cifra descendió por un cambio en la contabilidad. “La administración anterior colocaba como nacionalidad el lugar donde se constituía la firma, lo cual no permitía analizar la cúpula de una cadena societaria y su verdadero capital (...) Lo importante es la nacionalidad de quienes ejercen la voluntad mayoritaria para tomar decisiones, lo que se determina mediante una declaración jurada del representante legal de la empresa”, explicaban desde la RNTR, esto significa, lisa y llanamente, la legalización de testaferros y el encubrimiento fiscal de los verdaderos dueños de la tierra. Con estos datos y con esta ley vigente, se comprende un poco mejor porqué Argentina aparece en el tercer puesto de personas implicadas en los Pandora Papers, las nuevas revelaciones vinculadas a los paraísos fiscales. En paralelo, lo que no avanza es la aplicación de la ley 26160, que declaró "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país", es decir, una proceso de relevamiento territorial.

La mejor defensa es un buen ataque

Esta ofensiva reciente contra “terroristas y usurpadores”, con elementos discursivos y un corpus jurídico que hemos analizado, el cual el nuevo gobierno del Frente de Todos en Argentina no ha modificado, busca afianzar el modo vigente de apropiación y explotación de la tierra, no sólo en la Patagonia sino en todo el país, y coyunturalmente responde a dos factores. En primer lugar, a una serie de fallos desfavorables para estos intereses políticos y económicos, retratados también por Susana Lara en un artículo del portal Tramas, entre los que destaca, por ejemplo, el 28 de septiembre una resolución de la Cámara Civil de Bariloche, que paralizó un proyecto de loteo y urbanización en el Cerro Perito Moreno de El Bolsón; y por otro lado, es una respuesta preventiva a las posibles consecuencias del proceso político y social que se desarrolla al otro lado de la Cordillera, en Chile, con una Asamblea Constituyente en curso y con el presidente Sebastián Piñera jaqueado aún por la rebelión que estalló en 2019 e incluso ahora involucrado en el Pandora Papers. Un proceso, el de Chile, que puede llegar a dar lugar a un Estado Plurinacional, similar a lo que afirmó la nueva Constitución de Bolivia en 2009, ¿No tendría efectos inmediatos de este lado de la Cordillera, sobre los límites de la reforma constitucional de 1994 en relación a las comunidades originarias?

La reforma del 94 menciona en su artículo 75 inciso 17 como atribución del Congreso Nacional “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Un oxímoron, pero progresivo al fin ante la medieval formulación constitucional anterior: “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Ante esta perspectiva que se abre en la región, la lectura política estratégica que hacen los verdaderos usurpadores, es que siempre, la mejor defensa es un buen ataque.

Esto discute, con buenos modales y abundancia de eufemismos, por ejemplo, el Proyecto Propiedad Privada Patagonia, auspiciado por la Fundación Naturaleza para el Futuro (Funafu), excelentemente retratado por la periodista Susana Lara en este artículo; o el diario La Nación en este editorial de junio de 2021 titulado "Propiedad Privada y Propiedad Comunitaria"; o el 1° Foro de Consenso en Bariloche, del cual participó, entre otros, el actual ministro de seguridad de Chubut y candidato a senador nacional, Federico Massoni, muy activo durante los últimos días en medios nacionales, exponiendo sobre estas temáticas.

CienPuntoUno 2020

Dejá tu comentario

Seguí leyendo