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Una ley de reestructuración ¿Sin chance?

El ultimo viernes se conoció el proyecto que el gobernador Arcioni remitió a los presidentes de bloques y al vicegobernador para su análisis, que autoriza a reestructurar la deuda en títulos públicos de la Provincia de Chubut.

Sin duda, sorprende el contenido del mismo, tanto por lo que dice como por lo que no dice y mínimamente debería decir.

¿Qué no dice? Varias informaciones sustantivas. La primera, cual es la situación real de las finanzas provinciales y la evolución detallada de cómo se llegó a esta situación y la otra información indispensable, las proyecciones que darían sostenibilidad al pago de la deuda y consecuentemente, a la salida de esta crisis profunda.

Hubieran sido necesario para poder empezar a analizar el contenido del proyecto; indicar los resultado económico - financiero de por lo menos los últimos años, elaborar e informar indicadores que muestren las relaciones entre los distintos tipos de gastos y los recursos y que sirvan para explicar los orígenes de la situación, un informe preciso respecto de la caída de los ingresos propios producto de la profundización de la crisis geopolítica del petróleo y sus efectos en el pasado y sus posibles impactos futuros.

¿Cuál es la proyección de los ingresos y egresos de Chubut? Hubiera sido una excelente oportunidad de transparentar los datos, y compartir un diagnóstico para que los legisladores pudieran evaluar la conveniencia de lo que deben votar. Es realmente impensable que se vaya a negociar una deuda de la magnitud de la presente, sin tener proyecciones de cómo se podrá cumplir, que puedan persuadir a los tenedores de los títulos, de la posibilidad de su cancelación. Y si esas proyecciones existen para los acreedores, no pueden ser secretas para los chubutenses y menos aún, para el Poder Legislativo.

Pero tampoco a esta altura de los acontecimientos, materia de una simple charla. La situación es de la gravedad suficiente para que los temas sean analizados con la suficiente formalidad y dejando en claro responsabilidades, límites y alcances de cualquier decisión que se adopte.

En criollo, “dónde estamos parados”, “cómo llegamos aquí” y” qué proyectamos hacia el futuro”

En el mismo sentido, se menciona que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda publica provincial, y que para lograrlo deberán cumplirse necesariamente con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera publicados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha de la presente Ley. Y preguntamos: ¿De qué lineamientos hablamos? ¿Es información publicada del Ministerio de Economía de Nación? ¿Con qué jerarquía normativa se los dictó?, ¿Los lineamientos nacionales son suficientes para Chubut?

En verdad, sostener como fundamento “lineamientos” que no son tan siquiera reproducidos ni identificados de manera formal, no parecieran suficiente argumento jurídico para justificar el pedido que se lleva adelante. Porque además, estaríamos suponiendo que el gobierno provincial, cree que las razones que dieron origen a la falta de sostenibilidad de la deuda local, son las mismas razones que originaron la crisis nacional. Y esa convicción amerita al menos, pruebas y confirmaciones que no se han brindado.

El otro dato ausente, es la información precisa de la deuda, el texto no indica por ejemplo vencimientos del presente año (2020), no hace mención a las leyes que autorizaron la emisión de los títulos de deuda y tampoco informa porque no es parte de la reestructuración el BODIC II (LEY II Nº 151), el único bajo ley argentina, por el que la Provincia de Chubut deberá pagar durante este ejercicio U$S 17.293.830, suma más que importante. Seguir pagando hoy es imposible, las cuentas provinciales están en rojo sangre, los efectos son muy dolorosos y no se puede seguir desangrando la vida cotidiana que dependen de la prestación de los servicios escenciales del Estado.

Tampoco dice, los rangos de actuación con los que se negociará, y tal vez sea difícil tener exactitud en la información, pero si en las metas que se pretenden alcanzar, a partir de informar que efectos, que ahorros, como mejoraran las cuentas publicas a partir del alivio que significa la reestructuración. La única mención, que se hace extremadamente confusa es…¨ [(ii) prever que la primer cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023]…”, decir eso significa, que podrían haber muchas cuotas de capital que pueden vencer antes del ejercicio 2023, que no se están planteando periodos de gracia para el pago de intereses, quitas de capital, reducción de tasa de interés, como sí está enunciado en la oferta del Gobierno Nacional, y sin duda, una eficaz defensa de los intereses provinciales requiere de la aplicación efectiva de estas condiciones.

El prospecto del BOCADE exige un acuerdo con el 75% de los tenedores, y tomar los lineamientos del gobierno nacional implicaba buscar mecanismos para la suspensión de los pagos durante la negociación en el marco de la pandemia covid-19, que desconocemos que haya intentando la Fiscalía de Estado, ante la gravedad de la crisis de Chubut. Por eso, la incógnita es, ¿de qué lineamientos estamos hablando?

¿Qué dice? Y si, lo que dice sorprende, asusta y preocupa. El texto que profundiza estas sensaciones es el que se transcribe a continuación:

“… d) la inclusión en la normativa y en los documentos pertinentes necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley, de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la determinación de la ley aplicable a las operaciones de crédito público autorizadas por la presente norma incluyendo leyes extranjeras, la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad, y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales…. El destacado en negrita es personal. Para entender el impacto, se puede recordar el episodio de la Fragata Libertad, cuando por acción de los fondos buitres, embargaron ese bien de todes los argentines y nuestra defensa y la recuperación se fundó en que nunca habíamos renunciado a la inmunidad soberana, por ello, no podían embargar bienes del Estado Argentino. Conclusión, esta pretendida norma en el proyecto de ley, es de una gravedad institucional inusitada, ya que habilitamos a que de resultas de la falta de pago de la deuda a reestructurar, nos puedan embargar y liquidar bienes de todos los chubutenses sin límite.

Más allá, de la sana expectativa en que los legisladores no aprueben esta norma sin el análisis profundo y que justifique cada decisión de aprobación, es grave y deteriora la confianza pública, que se haya pensado en otorgar ese beneficio a los acreedores.

Tambien sorprende el inciso que describe las posibles garantías, donde ademas de la coparticipación federal y la regalías, se agrega “…y/o canon extraordinario de producción…” y nos preguntamos otra vez, ¿que significa? El canon de los hidrocarburos, ¿o los potenciales canon de extracción o explotación de cualquier recurso natural de propiedad de la Provincia de Chubut?

Existían algunas expectativas de que a partir de la seriedad con la que se ve actuar al Presidente Alberto Fernandez y al Ministro Martin Guzman respecto de la negociación de la deuda, en Chubut se imitará el camino elegido, pero a la fecha de hoy, muy lejos se está del mismo.

Poca chance tiene este proyecto de Ley de ser aprobado si es analizado en conciencia y a la luz de las normas. Justamente, no se ha hecho publica la opinión de la Fiscalia de Estado respecto del proyecto.

Vale la pena dejar en claro que la reestructuración de la deuda de Chubut es indispensable como una mas de las variables necesarias para darle sostenibilidad al futuro provincial. Chubut debe priorizar a los ciudadanos chubutenses, y por ahora en este proyecto no se logra.

CienPuntoUno 2020

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