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Una máxima, como mínimo

La democracia se fortalece con el debate, pero requiere acuerdos mínimos sobre su práctica.

El debate sobre las instituciones en Argentina es uno de esos casilleros por el que siempre volvemos a pasar. Discutimos sobre el tipo de gobierno presidencialista [1], incorporamos la doble vuelta electoral (balotaje) en la reforma constitucional de 1994 esperando producir presidentxs con legitimidad suficiente en el inicio de su mandato (puede fallar) [2], cada tanto se nos ocurre alguna reforma judicial que, al menos, habilite una expectativa de mejora en el funcionamiento de la justicia, evaluamos el desempeño de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y nos quedamos con gusto a poco [3], ponemos a prueba todo lo conocido con una pandemia y se presentan controversias sobre qué corresponde a quién en materia de decisiones.

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en la causa CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 viola la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por establecer en su territorio la suspensión del dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales en todos sus niveles y modalidades, siendo ésta una facultad de CABA [4]. Si bien la decisión de la Corte se manifestó luego de vencido el plazo del Decreto, el propio fallo deja en claro que se propone orientar decisiones futuras, dado que las circunstancias examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse.

La judicialización del desacuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría interpretarse como el resultado de una falla en la posibilidad de establecer consensos en torno a cómo enfrentar la pandemia. Sin embargo, ante una controversia entre jurisdicciones de nuestro Estado federal corresponde la competencia originaria de la Corte. Esta interpretación que reconoce el mismo estatus a la CABA que a las provincias había sido sostenida previamente por la Corte en CSJ 2084/2017 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal” (art. 116-117 y 129 de la Constitución Nacional).

Por lo tanto, el caso muestra para qué sirven las instituciones. Al respecto, Acuña y Chudnovsky (2013) señalan que las instituciones resuelven problemas de coordinación y conflictos distributivos, así como orientan cursos de acción permitiendo a los actores elaborar un mapeo que, en función de sus capacidades y recursos, determinará las acciones a desarrollar para alcanzar sus objetivos y realizar sus intereses. De allí la importancia de establecer reglas que ordenen las expectativas y preferencias en el tiempo. Si creyéramos que las reglas de hoy no valdrán mañana, actuaríamos de un modo diferente [5]. Además, esa situación podría afectar la confianza en las instituciones, lo que ha sido analizado como un factor con incidencia en el desempeño de los gobiernos frente al Covid y en el resultado social concomitante [6].

Incluso, las categorías de fortaleza y debilidad institucional han sido relativizadas por Acuña y Chudnovsky (2013) y analizadas en profundidad por el trabajo de Murillo, Levitsky y Brinks (2021). Estos autores argumentan que “la debilidad institucional suele ser una estrategia política y que, por lo tanto, los académicos deben intentar comprender qué es lo que impulsa estas opciones políticas y qué determina su resultado” (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021: 13). Asimismo, lxs autores señalan que “Paradójicamente, la democracia misma puede reforzar la debilidad institucional en América Latina, al generar presión para diseñar instituciones más ambiciosas” (Murillo, Levitsky y Brinks, 2021: 104) a partir de una sociedad civil movilizada y de políticos en competencia electoral por sus apoyos.

No obstante, toda democracia se asienta sobre instituciones formales, pero también sobre instituciones informales, reglas, prácticas y principios -no necesariamente escritos- que favorecen u obstaculizan el cumplimiento de aquellas y conducen o no a la efectivización de una democracia sustantiva.

En ese sentido, es oportuno señalar un principio básico que nuestra colega Flavia Freidenberg [7] nos recordó, una máxima que podríamos establecer como un mínimo a preservar en el marco de cualquier democracia que se precie de tal: el derecho a estar en desacuerdo. La autora expresa su preocupación y nos alerta sobre los riesgos del pensamiento único en la construcción de sociedades democráticas, así como los comportamientos de censura, cancelación y descalificación que acompañan su instalación.

Esa máxima podría elaborarse como “respeta el disenso de la manera en que pretendes que tu afirmación sea respetada”. Teniendo en cuenta que nos espera un año electoral en contexto de pandemia, empobrecimiento y alta demanda emocional para sostener la reproducción de la vida en común, mientras alrededor muchas personas mueren, otras pierden sus medios de vida y desarrollan estrategias de supervivencia en varios tableros a la vez, compartamos una máxima, como mínimo.

[1] Desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia y Linz (1988) en adelante. Para una respuesta a las críticas al presidencialismo, véase Mainwaring y Shugart (2002).

[2] La elección presidencial de 2003 en Argentina es un ejemplo. El diseño institucional no pudo prever que el candidato que ganó en primera vuelta se ausentara en la segunda. Como resultado, asumió un presidente con el 22% de los votos.

[3] Algunos partidos políticos simplemente no someten su competencia interna al voto ciudadano y presenten una lista única en las primarias y luego en la elección general.

[4] El Decreto 241/2021 establecía la mencionada suspensión del dictado de clases presenciales en el aglomerado AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que, tal como ha sido definido en el artículo 3° del Decreto 125/2021, incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[5] Sobre la estabilidad de las instituciones también hay discusión. Se recomienda la lectura de esta útil propuesta teórico-metodológica en Acuña, C., & Chudnovsky, M. (2013). ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Siglo XXI, Bs. As.

[6] Besley, T. and Dray, S. (2021). Institutions, Trust and Responsiveness: Patterns of Government and Private Action During the COVID-19 Pandemic. LSE Public Policy Review, 1(4), p.10. https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.30/#n12 . Según la investigación, “es digno de mención que tener "buenas instituciones" como se concibe convencionalmente no se correlaciona con mejores experiencias durante la pandemia. Incluso después de controlar las diferencias de ingresos, los países con fuertes restricciones ejecutivas, elecciones libres y justas y una mayor libertad parecen haber tenido peores experiencias durante 2020. En particular, fueron más lentos para bloquear, lo que sugiere que la enfermedad pudo salir de control antes de que se tomaran acciones decisivas. (…) Por el contrario, los países con alta confianza social y alta confianza en el gobierno parecen haber actuado de manera más decisiva.”

[7] Freidenberg, F. (2021). El derecho a estar en desacuerdo, Agenda Pública, 12 de mayo. Disponible en aquí.

CienPuntoUno 2020

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