La Legislatura se prepara para una sesión decisiva: Los proyectos clave del Ejecutivo para el 18 de diciembre

Con el cierre del año legislativo a la vista, la Legislatura provincial de Chubut convocó a una sesión especial el próximo miércoles 18 de diciembre a las 11 horas, prorrogando el período ordinario hasta el 31 de diciembre. Esta medida, aprobada en la sesión del 11 de diciembre, responde a la necesidad de tratar un paquete de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial. Las iniciativas abarcan desde el Presupuesto 2026 hasta reformas estructurales en la administración pública y financiamiento para obras clave, en un contexto de ajuste fiscal y proyecciones económicas optimistas para la región patagónica.

El gobernador Torres solicitó expresamente esta prórroga para avanzar en “la mejora institucional y el desarrollo de Chubut”, según comunicados oficiales. Los proyectos, que ingresaron en las últimas semanas, buscan equilibrar las cuentas públicas, optimizar la estructura estatal y garantizar recursos para el próximo ejercicio. A continuación, un repaso detallado de las principales iniciativas que se debatirán.

El Presupuesto 2026

Uno de los ejes centrales es el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2026, que define los lineamientos económicos de la provincia por un monto total de erogaciones de $3.169.633.511.213. Según las proyecciones incluidas, se espera un crecimiento del PBI del 5% anual entre 2026 y 2028, con una inflación que bajaría del 24,5% interanual en diciembre de 2025 al 10,1% el próximo año.

Los recursos se financiarán en un 70,71% por Rentas Generales, 23,51% por Fuentes Afectadas y 5,78% por Uso del Crédito. Entre los incrementos previstos destacan los tributos como Ingresos Brutos (20,19%), Impuesto de Sellos (30,68%) e Inmobiliario Rural (30%). Paralelamente, se presentó el Presupuesto específico para el Poder Judicial 2026, que detalla sus gastos y recursos propios, integrándose al esquema general.

Este presupuesto llega en un momento de recuperación con énfasis en la sostenibilidad fiscal, alineado con las recomendaciones de organismos internacionales.

Reorganización del Estado:

En busca de eficiencia administrativa, el Ejecutivo impulsa el Régimen de Abstención del Débito Laboral y Retiro Voluntario, dirigido a agentes de planta permanente en la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, y los Poderes Legislativo y Judicial.

El objetivo es reducir la carga salarial estatal mediante la reorganización de cargos y reasignaciones estratégicas.

• Abstención del débito laboral: Los agentes elegibles podrán percibir el 60% móvil de su remuneración por hasta 5 años, con aportes jubilatorios y de obra social calculados sobre el 100% del haber base. La solicitud debe presentarse en 30 días desde la promulgación, sujeta a aprobación del titular del organismo. Excepciones incluyen policías, docentes, médicos, enfermeros, personal en procesos judiciales o sumarios, y agentes indispensables para el funcionamiento estatal.
• Retiro voluntario: Implica el cese definitivo con una indemnización de un salario por año de antigüedad (o fracción mayor a 6 meses), basada en la mejor remuneración del último año. No aplica a quienes accedan a jubilaciones ni genera derechos adicionales una vez percibida.

Este proyecto, firmado por Torres y el ministro de Gobierno, se enmarca en un plan más amplio para “ordenar la estructura ocupacional” y no afecta al personal no permanente ni a profesionales con títulos habilitantes.

Financiamiento y deuda:

Para cubrir desfasajes estacionales entre ingresos y gastos, el Gobierno busca autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta $170.000 millones durante 2026.

Estas letras, de corto plazo, podrán denominarse en pesos u otras monedas, con vencimientos en 2026 o posteriores, y se garantizan con recursos como coparticipación federal, tributos o regalías hidrocarburíferas. El Ejecutivo podrá ceder fondos al Estado nacional para retenciones automáticas en caso de incumplimiento, eximiendo las operaciones de impuestos provinciales.

Complementario es el pedido de aprobación para una operación de crédito público con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por US$150 millones, destinados a finalizar el acueducto de Comodoro Rivadavia, una obra vital para el abastecimiento de agua en la zona sur.

Otras reformas estructurales:

El paquete incluye la reforma a la Ley de Ministerios, que busca modernizar la estructura ejecutiva, aunque detalles específicos aún se discuten en comisiones.

Además, se propone designar al Banco del Chubut S.A. como agente financiero único del sector público, abarcando desde la Administración Central hasta empresas estatales, para centralizar operaciones y mejorar la eficiencia.

Por último, aunque no detallado en todos los despachos, se menciona un Proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que unificaría obligaciones mediante Bonos de Consolidación 2025, reduciendo la carga financiera y otorgando mayor predictibilidad.

Expectativas y contexto políticoLa sesión del 18 de diciembre se presenta como un termómetro del consenso entre el oficialismo y la oposición en un año marcado por desafíos económicos nacionales. Mientras el Ejecutivo destaca el “paquete integral” para el desarrollo provincial, legisladores de la oposición han expresado reservas sobre el impacto en el empleo público. “Es un momento clave para cerrar el 2025 con avances concretos”, afirmó un fuente cercana al gobernador.

Fuentes: ADN Sur y Canal12