Presunta coima en la Justicia de Chubut: allanamientos y secuestros de celulares por video de $12 millones

Tras la viralización de un video que generó fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito judicial de Chubut, las autoridades del Ministerio Público Fiscal avanzaron este martes con una serie de medidas investigativas en la ciudad de Trelew.

El material audiovisual, que circula ampliamente en redes sociales y medios locales, muestra a la señora Irene Ramírez —madre de Pablo Ezequiel Ferreyra, conocido como “El Chavo”—, entregando una importante suma de dinero (aproximadamente 12 millones de pesos) al abogado Martín Castro. En las imágenes, el pago aparece relacionado con las negociaciones para alcanzar un acuerdo de juicio abreviado en una causa penal que involucraba a Ferreyra, lo que derivó en una condena de un año de prisión efectiva dictada en 2025.

Ante la repercusión del video, el Procurador General Jorge Miquelarena y la fiscal general Julieta Gamarra realizaron presentaciones formales en el Ministerio Público Fiscal de Trelew. Como resultado, el fiscal general jefe Omar Rodríguez, con autorización del juez Marcos Nápoli, dispuso la realización de diversas diligencias.

En la mañana de este martes se concretaron los siguientes procedimientos:

• Secuestro del teléfono celular del abogado Martín Castro, en su estudio jurídico.
• Incautación del teléfono móvil de Irene Ramírez, madre del imputado.

Ambos aparecen en el video como protagonistas de la entrega del dinero, que según las sospechas iniciales estaría vinculado al acuerdo judicial alcanzado en la causa contra Ferreyra.

Paralelamente, se lleva a cabo una pericia ocular en el lugar donde, de acuerdo con las imágenes, se habría realizado la transacción: el interior de un edificio ubicado en calle 28 de Julio de Trelew. El objetivo es relevar evidencias físicas y contextuales que permitan contrastar lo registrado en el video.

Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, como declaraciones testimoniales, análisis de los dispositivos secuestrados o ampliación de allanamientos, a medida que avance la investigación por presunto cohecho o irregularidades en el marco de una negociación penal.

La fiscal Julieta Gamarra —mencionada en el contexto del video— se presentó voluntariamente ante la Justicia días atrás, negó categóricamente haber solicitado o recibido cualquier suma de dinero y puso a disposición su propio teléfono para peritajes. Según su versión, el defensor habría invocado su nombre para justificar ante la familia un cobro de honorarios más elevado, mientras que el juicio abreviado se tramitó conforme a derecho, aunque con una pena superior al mínimo legal previsto para los delitos imputados.

El caso ha generado fuerte debate en Chubut sobre la transparencia en los acuerdos penales y el funcionamiento del sistema judicial, y mantiene en vilo a la comunidad mientras se esperan los primeros resultados de las pericias y análisis de los elementos secuestrados.