ATE denunció represión en Comodoro: “Nos dijeron que era una orden del Gobierno provincial”

El secretario administrativo y abogado de ATE Chubut, Martín Alaniz, se refirió al conflicto que mantiene el gremio con el Gobierno provincial y a lo ocurrido durante la jornada de protesta en Comodoro Rivadavia. En diálogo con “Un Cortito”, por LaCienPuntoUno, aseguró que los trabajadores fueron reprimidos mientras realizaban una panfleteada en la zona del CERET.

Alaniz explicó que ATE había presentado formalmente un paro por 48 horas para este jueves y viernes y que los trabajadores se concentraron en el CERET para realizar una asamblea y debatir la última propuesta paritaria. Según indicó, el Gobierno había planteado devolver los días descontados a los agentes que recuperaran esas jornadas trabajando los sábados.

El dirigente señaló que también entregaron un petitorio en la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación y posteriormente comenzaron a repartir panfletos cuando el semáforo se encontraba en rojo. “Eso se pudo hacer una sola vez porque automáticamente la Policía ingresó a la Ruta Nacional N° 3 cortando el tránsito”, relató.

Según la versión de Alaniz, cuando los trabajadores intentaron continuar con la panfleteada, la Policía utilizó gases lacrimógenos. A partir de ese momento, afirmó, alrededor de 200 afiliados iniciaron una marcha hacia el centro que no estaba prevista originalmente. El dirigente sostuvo que durante el recorrido también se utilizaron gases y balas de goma.

Alaniz aseguró que los manifestantes finalmente llegaron al centro de la ciudad y luego desconcentraron. También manifestó su sorpresa por el operativo policial y afirmó que efectivos presentes en el lugar les dijeron que impedir la panfleteada respondía a “una orden del Gobierno provincial”.

El secretario administrativo de ATE sostuvo que el gremio no tenía intención de cortar la Ruta Nacional N° 3 y que buscaba “visibilizar lo que viene sucediendo ante el incumplimiento del Gobierno”. En ese sentido, denunció descuentos que calificó de “ilegales, ilegítimos y arbitrarios” y aseguró que afectaron a más de 250 agentes, con montos que, según afirmó, van de los 500 mil a un millón de pesos.

Además, cuestionó que los descuentos correspondieran a días de paro de junio y afirmó que alcanzaron incluso a trabajadores que no habían realizado medidas de fuerza o que contaban con boleta médica. También denunció problemas recurrentes en la liquidación de haberes y dificultades para obtener licencias médicas.

“Estamos en conflicto desde el mes de abril”, sostuvo Alaniz, quien recordó que en mayo se dictó la conciliación obligatoria. Según explicó, pese a los acuerdos alcanzados posteriormente, el gremio volvió a plantear reclamos por los descuentos, las licencias y las certificaciones médicas, que —afirmó— en algunos casos son otorgadas inicialmente por varios días y luego reducidas.