Causa IPV 2: La banda recaudó 100 millones de pesos

El Fiscal General de Comodoro Rivadavia dio detalles de la investigación que se lleva adelante conocida como IPV 2. ”Las víctimas son 227 de un total de 750 maniobras que detectamos documentadamente”, dijo.

viernes, 18 de marzo de 2022 - 6:30

Héctor Iturrioz, Fiscal General de Comodoro Rivadavia, habló en Tarde Para Miles por LaCienPuntoUno sobre la condena a 4 años de prisión a Leticia Huichaqueo, exministra de Familia de Chubut, en el marco de la causa Royal Canin. Además, contó detalles de la investigación en el proceso caratulado como “IPV 2“.

Sobre la causa de los planes de viviendas para distintas familias, dijo: “Presenté la acusación y se cerró la etapa de investigación, se le corrió el traslado a las defensas y se fijó audiencia para los días 9 y 10 de junio. Los imputados son doce y cada uno ocupa una intervención muy disímil. Las víctimas son 227 de un total de 750 maniobras que detectamos documentadamente”.

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Y agregó; “Había un grupo de gente comandada por el funcionario público Maximiliano González que tenía acceso a toda la documentación que el IPV utiliza en su operatoria habitual. Con esto, y utilizando las computadoras y sellos del IPV ofrecía el servicio de gestión. No vendía una casa sino que ofrecía una carpeta adjudicada para una mejor posición“.

“Esto empezó en 2018 con montos entre 60.000 y 80.000 pesos. Nosotros intervenimos en septiembre del 2020 cuando desbaratamos la banda llegaron a pedir $600.000. El monto total que recaudaron es de 100 millones de pesos. Se bancarizaron 45 millones, pero solo 6 millones se pudieron secuestrar, el resto hay que seguir el destino de bienes”.

El hecho investigado acontece promediando el mes de julio del año 2.019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV) con sede en Comodoro Rivadavia; identificado como Maximiliano González, e integrado por Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen; obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos. Estos –los delitos- indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas, o a construirse, por el Instituto del que González era agente.

Delitos

Entre los ilícitos ideados se incluían la: comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo.

Suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones; la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

 

Causa Royal Canin

Con respecto a la la condena de 4 años de prisión para Leticia Huichaqueo, exministra de Familia de Chubut, como autora del delito de peculado en modalidad de delito continuado en la causa Royal Canin, manifestó; “No adquiere calidad de cosa juzgada, eso lo hace cuando no puede ser revisada. Lo adquiriría recién cuando se resuelvan los recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal de Justicia. En el caso de que haya un agravio constitucional relevante tendría el acceso al recurso extraordinario nacional“. dijo Iturrioz.

Y agregó: “La sentencia de grado es muy sólida, los tres jueces se lucieron con sus votos y las coincidencias quedaron bien marcados. Era difícil que cambie la sentencia y así fue. La Cámara lo ratificó en todos sus términos”.

“La Cámara Penal con el doble conforme la condena está para ser ejecutoriada, es decir que está en condiciones de cumplir pena. El lunes voy a pedir que empiece a cumplir inmediatamente“, cerró.