Tras un exhaustivo análisis técnico, los legisladores locales concluyeron que el documento no aporta beneficios reales para la ciudad y, por el contrario, implica una delegación de facultades propias del municipio.
viernes, 27 de febrero de 2026 - 5:39
En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque de concejales de Arriba Chubut, integrado por Omar Casagrande y Mabel Morejón, decidió no acompañar el dictamen referido al acuerdo de Consenso Fiscal Provincial firmado por la intendente Mariel Peralta y el gobernador Ignacio Torres.
Tras un exhaustivo análisis técnico, los legisladores locales concluyeron que el documento no aporta beneficios reales para la ciudad y, por el contrario, implica una delegación de facultades propias del municipio.
Desde el bloque Arriba Chubut señalaron que, tras comparar los ejes del acuerdo con la normativa vigente, se observa una marcada redundancia de funciones. “Muchos de los compromisos que la Intendente asume en este pacto ya están establecidos como obligaciones y atribuciones irrenunciables en la Ley de Corporaciones Municipales (Ley XVI – N° 46). No hace falta firmar un nuevo convenio para cumplir con la ley”, explicaron desde Arriba Chubut.
Los puntos críticos del rechazo:
Un acuerdo innecesario
Para el bloque de Arriba Chubut, la firma de este acuerdo responde más a una alineación política y partidaria que a una necesidad técnica o financiera de la ciudad.
“Rada Tilly siempre se ha caracterizado por su orden administrativo. No vemos porque debemos atarnos a un convenio que nos quita autonomía y que solo repite lo que ya manda la ley. Si el objetivo es el equilibrio fiscal, la herramienta es la buena administración y el respeto a la Ley de Corporaciones Municipales, no la firma de pactos que burocratizan la gestión y nos subordinan a decisiones tomadas fuera de nuestra ciudad”, concluyeron los concejales Mabel Morejón y Omar Casagrande.
Con esta postura, los concejales de Arriba Chubut reafirmaron su compromiso con la defensa de la autonomía de Rada Tilly y la transparencia en el uso de las atribuciones que la ley confiere al poder municipal.