El Concejo Deliberante aprobó la emergencia económica municipal

Por unanimidad el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó la adhesión a la emergencia económica provincial, dejando fuera del proyecto original el item relacionado a obras públicas, que se tratará en la primera esión ordinaria, fijada para el próximo jueves 7 de marzo.

La emergencia tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la promulgación de la ordenanza por parte del intendente Othar Macharashvili.

También se aprobó la convocatoria para la audiencia pública para tratar el proyecto de actualización de la tarifa del transporte público de pasajeros. La fecha fijada por los concejales es la del 18 de marzo, a partir de las 10 horas en el Centro Cultural. La fecha de inscripción para los oradores estará vigente desde el 2 hasta el 15 de marzo, inclusive.

En la convocatoria a la extraordinaria se habían incluído dos proyectos referidos a la actualización tarifaria del transporte público de pasajeros. Uno era sobre Patagonia Argentina y el restante sobre la empresa Diadema S.A.. Con buen criterio, los concejales decidieron unir las resoluciones y unificar la fecha y la hora para su tratamiento en la audiencia pública.

No fijaron fecha para la segunda lectura de la resolución del incremento solicitada por el Ejecutivo Municipal.

Otro de los proyectos tratados, incorporado sobre tablas, fue una expresión de deseos rechazando la privatización del Banco de la Nación Argentina por parte del Gobierno Nacional. Fue aprobado por siete votos a favor y cuatro abstenciones del bloque Comodoro Despierta (Juntos por el Cambio).

Emergencia económica

La adhesión a la emergencia económica provincial fue aprobada por los 11 concejales presentes. La ordenanza aprobada dejó afuera el componente “social” solicitado por el intendente Othar Macharashvili en el proyecto original.

En cuanto a la emergencia de obras públicas solicitada por el ejecutivo municipal, se fijó su tratamiento para la primera sesión ordinaria del año, fijada para el jueves 7. El tratamiento será impulsado sobre tablas, o sea a través de un proyecto presentado por el oficialismo desde la banca.

La controversia por el proyecto está fijada en las “facultades delegadas” solicitadas por el Poder Ejecutivo. Las mismas implican habilitar a la renegociación y redeterminación de previcos de varias obras municipales paradas por la devaluación de diciembre y la de casi el 50% de diciembre y enero. La Cámara de la Construcción les planteó a los concejales esos inconvenientes y solicitaron que se faculte a la intendente para renegociar y poder reactivar obras.

Desde el propio ejecutivo, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, explicó que los valores fijados en las adjudicaciones de obra del 2023 quedaron muy lejos de los costos actuales, a lo que se suma la burocracia adminitrativa, que liquida los certificados a obra, con suerte, a los 90 días. Por eso se incluyó obras públicas en el proyecto de emergencia económica.

La ordenanza

En su artículo primero la ordenanza de emergencia establece adherir a la Ley VII N° 94 en apoyo a la declaración del estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial.

Por lo tanto, los concejales de Comodoro declararon “la Emergencia Pública en materia económica, financiera, administrativa del Sector Público Municipal; que comprende a todos los órganos poderes, entidades de la administración municipal centralizada y descentralizada”.
En el segundo artículo de la ordenanza aprobada establece que “a declaración de emergencia no afecta la celebración de negociaciones paritarias y el pago de salarios y remuneraciones”.

El en el artículo tercero dejan aclarado que se conserva “el destino previsto en el artículo 74 de la Ley XVII Nº 102 para los ingresos Públicos Municipales provenientes del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable”.
También dejaron establecido que el estado de emergencia es por el plazo de doce (12) meses contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza”.

Y en el último artículo se faculta al Poder Ejecutivo Municipal y a los responsables de las reparticiones públicas pertinentes, “en virtud de la emergencia declarada, que se considera constitutiva de la causal de fuerza mayor; a promover la extinción de los contratos de obra pública, de concesión de servicios públicos, de consultoría, de suministros, locación servicios y de obra, que se encuentren en vigencia”.

Se deja aclarado también que “la extinción contractual que resulte del uso de esta facultad no procede en aquellos casos en que sea posible y conveniente la continuidad del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratante o contratista que se inspire en el principio del esfuerzo compartido”.