Al analizar los datos publicados recientemente, la secretaria Josefina Kelly Neila aclaró que “nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo”.
jueves, 20 de julio de 2023 - 8:11Las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población, según datos del Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg), que registró en los últimos dos años más de 1.000 personas asistidas por mes en el país tras sufrir distintos tipos de agresiones, que en un 80% fueron efectuadas por exparejas.
“Nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo. Eso nos facilita el abordaje de los casos”, dijo a Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, al analizar los datos publicados recientemente.
En este sentido, explicó que las diferencias en la cantidad de asistencias por provincia “viene dada por la institucionalidad de género, por el vínculo con los municipios, con la provincia”.
Los datos del Sicvg están disponibles para consultarse de manera abierta en un tablero interactivo que recoge las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD).
El tablero cuenta con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.
El informe precisó que entre junio de 2021 y junio de 2023 se atendieron 24.119 personas -más de 1.000 por mes- y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.
La provincia de Santiago del Estero presentó la mayor cantidad de personas asistidas por el PAD, con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones, 2.209 y la provincia de Buenos Aires donde fueron asistidas 2.075 personas.
Sin embargo, la provincia que tuvo el porcentaje más alto de asistencias en base al total de su población fue Tierra del Fuego (0,79%), y le siguieron Santiago del Estero (0,27%) y La Rioja (0,17%).
Mientras, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Buenos Aires (0,01%), Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.
Los datos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un “nivel de riesgo altísimo” al momento de la asistencia, y en este sentido, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego.
En cuanto a las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.
La violencia doméstica fue la más frecuente registrada (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%); y la conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental -cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas- (32,2%) y sexual (23,4%).
Los datos públicos relevaron la intersección con otras características que frecuentemente están asociadas a condiciones de mayor vulnerabilidad.
El 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes, mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.
En relación a su situación económica, lo cual está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo el 38% tenía declarada actividad remunerada, mientras un 41% residía en una vivienda prestada o cedida y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora.
Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%).
A su vez, fueron asistidas con intervención estatal un 45,6%, siendo la policial la intervención más frecuente (50,1%), seguida de la judicial (55,5%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).
Fuente: Télam.