Exfuncionaria enfrentará juicio por corrupción: Acusada de favorecer a su pareja con contrataciones por más de un millón de pesos

La Justicia de Chubut ha decidido elevar a juicio oral y público la causa que involucra a Carolina de los Ángeles Pardo Said, exjefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad de la provincia, acusada de direccionar contrataciones públicas en favor de su pareja, Vicente Andrés García. La investigación, liderada por el fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, señala que entre 2022 y 2023, Pardo Said habría beneficiado a García con contrataciones directas por un monto superior a $1.092.700, incumpliendo normativas de transparencia y generando un presunto fraude al Estado.

El caso será juzgado bajo la modalidad de juicio escabinado, según lo dispuesto por la jueza penal Ana Karina Breckle. Este tipo de proceso, contemplado en la Ley XV N° 30 de Juicios por Jurados, estará integrado por tres jueces técnicos y dos ciudadanos sorteados del padrón electoral, una figura diseñada específicamente para delitos relacionados con el ejercicio de la función pública.

Los hechos imputados

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, Pardo Said, en su rol como responsable del manejo de fondos públicos, habría intervenido en al menos ocho contrataciones directas para beneficiar a su pareja. Estas contrataciones incluyeron trabajos de albañilería, pintura, electricidad, herrería y reparaciones mecánicas de vehículos oficiales, como el arreglo del tren delantero de una camioneta Kangoo por $139.160 y la reparación de puertas y portón trasero del mismo vehículo por $34.300. En algunos casos, se detectaron irregularidades graves, como sobreprecios y trabajos que habrían sido realizados por personal de la Policía del Chubut en lugar de García, quien únicamente habría cobrado por los servicios.

El fiscal Rodríguez destacó que “de haber respetado el cumplimiento de la ley en cuanto al procedimiento de contratación, hubiese redundado en un beneficio para el Estado Provincial”. La acusación formal incluye los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un intento fallido de juicio abreviado

En septiembre de 2024, Pardo Said, junto con su defensor Diego Cruceño y el abogado de la Fiscalía de Estado, Martín Castro, había acordado un juicio abreviado que implicaba una condena de dos años de prisión en suspenso, trabajos comunitarios por dos semanas y una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la jueza Breckle rechazó esta propuesta, argumentando que los funcionarios públicos acusados de delitos de corrupción no pueden acceder al beneficio de la probation. La decisión fue apelada ante la Cámara Penal de Trelew, que ratificó por unanimidad la resolución de Breckle, habilitando el camino para el juicio oral.

El fallo de la Cámara enfatizó la importancia de un juicio público para garantizar la transparencia y permitir que la sociedad conozca los detalles de las maniobras, el destino de los fondos públicos y los posibles responsables. Además, desestimó el argumento de la defensa de que un proceso judicial representaría un gasto innecesario, afirmando que “el alto costo económico no puede ser un argumento válido para evitar la efectiva participación ciudadana”.

Implicaciones y contexto

El caso de Pardo Said se suma a una serie de investigaciones por corrupción en la administración pública de Chubut, un tema que ha dominado el debate político en la provincia en los últimos años. El fiscal Omar Rodríguez, conocido por su trabajo en causas de alto perfil, ha subrayado que las contrataciones públicas son un terreno fértil para actos de corrupción, especialmente cuando involucran relaciones personales o políticas. En este caso, la relación de pareja entre Pardo Said y García habría sido un factor clave para el direccionamiento de los contratos, priorizando intereses personales por encima del bien público.

Vicente Andrés García, pareja de la exfuncionaria, fue sobreseído en la causa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad compartida en los hechos investigados. Sin embargo, el foco principal del juicio recaerá en Pardo Said, quien ya fue cesanteada de su cargo en el Ministerio de Seguridad.