Gonzalo Carpintero pidió la nulidad de la causa por cohecho: “Estoy cansado de la crucifixión pública”

En una audiencia realizada este lunes en la Justicia, el exfuncionario provincial Gonzalo Carpintero Patterson —actualmente asesor en el sector pesquero— solicitó formalmente la nulidad de la causa en su contra, originada por una denuncia del dirigente de ATE Trelew, José Severiche. La defensa argumentó irregularidades en los procedimientos judiciales y calificó las medidas como parte de un “operativo” en su contra.

Según lo expuesto por su abogado durante la audiencia (y replicado en un descargo público), la reunión cuestionada —en la que participó Carpintero junto a Ricardo Traversini Loza— formó parte de su labor habitual en la resolución de conflictos laborales dentro de la actividad pesquera. “Intervengo para destrabar conflictos, nada más”, sostuvo el exfuncionario, negando cualquier intención delictiva y afirmando que la denuncia no justificaba la injerencia en su persona, bienes ni domicilios.

Carpintero recordó su condena anterior por enriquecimiento ilícito en las causas “Embrujo” y “Revelación” (donde cumplió una pena en suspenso), asumió su responsabilidad en ese proceso y reclamó el derecho a la reinserción social. “Estoy cansado de la crucifixión pública”, expresó, manifestando temor por las repercusiones mediáticas y judiciales que, a su juicio, continúan afectándolo de manera desproporcionada.

Además, vinculó el caso al conflicto laboral y contractual que la provincia mantuvo con la empresa Red Chamber. Cuestionó el manejo del expediente por parte del Gobierno provincial y sugirió que la denuncia podría estar relacionada con tensiones sectoriales en la pesca, donde ha intervenido como asesor de la Cámara Argentina de Firmas Armadoras y Relacionadas a la Actividad Pesquera (CAFACh).

La causa se inició a principios de febrero de 2026 tras la denuncia de Severiche, quien afirmó que Carpintero le ofreció dinero a cambio de generar conflictividad gremial para impedir el inicio del ciclo lectivo el 23 de febrero. La fiscal Julieta Gamarra imputó a Carpintero por cohecho e incitación al caos social, ordenando allanamientos y secuestro de dispositivos. La Provincia se constituyó como querellante, y el caso generó fuerte repercusión en el ámbito político y gremial chubutense.

La defensa, en su presentación ante la Oficina Judicial de Trelew, pidió la invalidez de los operativos por “falta de delito” y “excepción de falta de acción”, argumentando que la denuncia carece de elementos suficientes para sostener las medidas invasivas adoptadas. El pedido de nulidad será evaluado por el juez interviniente en las próximas instancias.

El episodio se inscribe en un contexto de tensiones entre el Gobierno de Ignacio Torres, sectores gremiales y la industria pesquera chubutense, donde han surgido cruces por contratos, indemnizaciones y conflictos laborales. Mientras tanto, Carpintero y su entorno defienden que se trata de una causa con “clave mediática” que busca deslegitimar su rol actual en el sector privado.