INFLACIÓN, DESIGUALDAD Y POLÍTICA DE INGRESOS

Por Gonzalo Finlez

La salida de la pandemia y de las medidas de confinamiento llevaron a que la economía argentina se recupere a un ritmo superior al 10% durante el año pasado. Pero el crecimiento económico no fue parejo para todos los sectores y la aceleración del ritmo inflacionario amenaza con profundizar estas desigualdades y frenar el nivel de actividad.

El principal problema de la recuperación económica es que se está dando mientras los salarios pierden poder adquisitivo. La pérdida en el poder de compra se profundiza a partir del salto en el nivel de precios, que acumula 16,1% en el primer trimestre, la variación más alta desde 1991.

La erosión de los ingresos puede derivar en un ahogo del crecimiento, a partir del componente más importante del Producto Bruto Interno (PBI): el consumo privado. El año pasado, su incidencia sobre el PBI perforó el 61,9% registrado en 2002, al caer a un 61,8%. Los datos corresponden a un estudio del centro CIFRA, donde se advirtió que “su incidencia es la menor del siglo XXI”.

Este desplome en el consumo se explica principalmente por la caída en los salarios reales. La pérdida ronda los 20 puntos del poder adquisitivo desde 2018 hasta el 2021. Incluso, pese a que el discurso oficial afirma que los sueldos le ganaron a la inflación durante el año pasado, CIFRA advierte que los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado cayeron 2,3% promedio, mientras los no registrados perdieron 7,1%.

Como mencionamos anteriormente, este panorama desolador para quienes viven de un ingreso fijo se dio en el marco de una recuperación económica importante durante el 2021. Por lo tanto, vale preguntarse quiénes se vieron beneficiados por el crecimiento.

Esto puede explicarse por una tendencia registrada en la cuenta de generación del ingreso que se profundiza desde hace años. La remuneración de los trabajadores en el valor agregado, que abarca la participación de los salarios y contribuciones sobre el total de la producción, pasó del 53,9% a fines de 2016 a 44,6% hacia finales del 2021. En contraparte, el excedente de explotación bruto (el saldo que le queda a las empresas) aumentó del 38,6% al 46,4% en el mismo período.

De esta forma, lo que reflejan los números del Indec es una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el empresariado, que puede verse de otra forma a partir de un estudio de la CELAG. Allí se advierte que entre 2016 y 2021 los salarios aumentaron un 335%, la inflación lo hizo en 474% y la ganancia empresarial trepó un 523% en el mismo período.

Las medidas anunciadas

Es en este contexto donde el gobierno decide tomar medidas de emergencia para compensar la pérdida de ingresos de los sectores más vulnerables por el salto inflacionario. Por un lado, el ministro de Economía anunció un bono de $18.000 a pagar en dos cuotas destinado a trabajadores informales, de casas particulares y a monotributistas de las categorías A y B. También recibirán una suma fija de hasta $12.000 aquellos jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos.

Por otro lado, para financiar este aumento en el gasto público en el marco de un acuerdo con el FMI que le impide al oficialismo atentar contra las metas fiscales y monetarias, se anunció el envío de un proyecto de ley para gravar la “renta inesperada”. El objetivo de Martín Guzmán es ampliar la recaudación a partir de las ganancias extraordinarias que resultaron del salto en los precios de determinadas materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania.

En concreto, lo que se buscará es incrementar la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas que registren ganancias netas imponibles superiores a los mil millones de pesos y que hayan crecido significativamente respecto al 2021 en términos reales. Pese a que el ministro no brindó detalles, la idea sería aumentar en 15 puntos la alícuota del 35% para este tipo de empresas.

Con el panorama descrito anteriormente, queda claro que es necesario un viraje en la política de ingresos para recomponer el poder adquisitivo de la población. Muy difícilmente esto pueda ser revertido a través de sumas fijas de emergencia.

Pero el desafío también es significativo para avanzar en la recaudación de la “renta inesperada”. Pese a rechazar un aumento de retenciones para no ir hacia un conflicto con el agronegocio, el proyecto que busca subir la alícuota de Ganancias también encontrará trabas políticas. Esto se debe a que, por tratarse de una modificación impositiva, debe pasar por el Congreso, donde el Frente de Todos no tiene mayoría para aprobarlo y la oposición de Juntos por el Cambio ya anticipó su voto negativo.