La Agencia Nacional de Discapacidad confirmó aumentos de entre 29% y 35% para prestadores y nuevos fondos para garantizar la atención

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se aplicará un incremento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador nacional, que fija los aranceles para instituciones, profesionales y servicios que trabajan en la atención de personas con discapacidad. A iniciativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la medida incluye una partida presupuestaria para cubrir los aumentos del último trimestre del año, a pocos días de las elecciones legislativas.

A partir del comunicado oficial, el ajuste se implementará en tres etapas consecutivas entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de dar previsibilidad al sistema y acompañar la suba de costos del sector. De esta manera, el detalle de los valores reajustados de cada prestación se oficializará y publicará mañana jueves en el Boletín Oficial.

De manera conjunta, la decisión fue acordada entre la entidad gubernamental, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, durante la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Además, se destacó que “se trata de una decisión concreta para acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud.

La nueva mejora en los valores del nomenclador para personas con discapacidad en Argentina impactará en diversos servicios esenciales, incluyendo internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

A partir de la amplia victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones, con alrededor del 40,7% de los votos a nivel país y triunfos en distritos clave, la suba llega después de varios meses de reclamos. Dicho resultado allanó el camino para la autorización del aumento escalonado en las prestaciones para personas con discapacidad, después de un largo período sin actualizaciones significativas desde el 0,5% de diciembre de 2024, lo que había provocado serias dificultades en el sector, como retrasos en pagos, suspensión de servicios y cierre de centros de atención.

Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones se movilizaron en las últimas semanas desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y un aumento del 70% en el nomenclador, muy por encima del 35,4% dispuesto por el Gobierno. Además, denunciaron el maltrato institucional, la falta de diálogo con las autoridades y la situación crítica que atraviesa el sector.

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, acató una orden del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, y restablecerá las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. A través de la resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno comenzó a cumplir la medida, que se originó tras una cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, defensor del Pueblo de Catamarca.

Si bien la medida había sido apelada por el interventor de la entidad gubernamental, Alejandro Alberto Vilches, la Justicia ratificó el fallo y ordenó “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país, y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que haya una sentencia definitiva”. Así se efectuarán según el calendario habitual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A partir del fallo en la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, un grupo de personas con discapacidad que había perdido su pensión por discapacidad laboral recuperará el beneficio. El juez federal sostuvo que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva“, pero también “individuales”, vulnerados por una norma considerada inconstitucional y por una ejecución irregular del Estado.