“La posición del Ministerio Público Fiscal aparece como antojadiza y arbitraria”

Lo dijo Fabián Gabalachis, abogado de uno de los empresarios en la causa Emergencia Climática, en diálogo con Nos Sorban Los Motivos de LaCienPuntoUno. “Mañana a las 13 horas se resolverá si es viable o no la propuesta que realizamos de reparación económica”, indicó.

martes, 6 de diciembre de 2022 - 10:14

Fabián Gabalachis, abogado de uno de los empresarios de la Emergencia Climática habló con LaCienPuntoUno y explicó que en la audiencia de ayer “Se realizó el ofrecimiento de una reparación económica que la Municipalidad aceptó pero desde la justicia se entendió que los montos no eran suficientes”.

“El Ministerio Público Fiscal se opuso al ofrecimiento económico, se rechazó la suspensión del juicio a prueba. Nosotros consideramos que era deficiente el dictamen fiscal y  lo resuelto por la jueza,. Fuimos bajo el mecanismo de impugnación ordinaria. Se reformularon los ofrecimientos”, explicó Gabalachis.

“Mañana a las 13 horas se resolverá si es viable o no la propuesta que realizamos. Si la jueza no acepta la suspensión de juicio a prueba, esta reparación, tenemos la posibilidad de impugnar ante la cámara penal de comodoro con jueces diferentes”, adelantó al tiempo que criticó la actuación del Ministerio Público Fiscal: “Creo que ha tenido una posición plagada de vaivenes, iba de un lado para el otro”

“La posición del MPF aparece como antojadiza y arbitraria”, reclamó.

La causa Emergencia Climática se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017. El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”.

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