Legisladores nacionales, provinciales e intendentes del peronismo exigen que el Gobierno del Chubut publique el convenio con Red Chamber

El bloque opositor provincial y dirigentes del peronismo chubutense presentaron este lunes un pedido formal de acceso a la información pública para exigir que el Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, exhiba el acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa Red Chamber Argentina S.A., en el marco del conflictivo expediente de la ex […]

lunes, 18 de mayo de 2026 - 6:13

El bloque opositor provincial y dirigentes del peronismo chubutense presentaron este lunes un pedido formal de acceso a la información pública para exigir que el Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, exhiba el acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa Red Chamber Argentina S.A., en el marco del conflictivo expediente de la ex Alpesca.

La presentación fue impulsada por los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski, junto a legisladores provinciales e intendentes del PJ, quienes apuntaron directamente contra el manejo administrativo y político que llevó adelante el Gobierno provincial sobre uno de los activos pesqueros más sensibles de Chubut.

En el documento difundido públicamente, los dirigentes cuestionan la falta de transparencia en torno al acuerdo con Red Chamber y advierten sobre posibles consecuencias patrimoniales, jurídicas e institucionales para la Provincia.

“El Estado no puede manejar activos estratégicos en un marco de opacidad, contradicciones y decisiones erráticas”, señalaron en el comunicado, donde además remarcan que la sociedad “tiene derecho a saber qué resolvió el Estado, con qué fundamentos y bajo qué condiciones”.

Un expediente atravesado por marchas y contramarchas

El reclamo opositor se centra en la secuencia de decisiones que el Ejecutivo provincial tomó sobre la ex Alpesca durante los últimos meses. Según plantean, primero se avanzó en la rescisión del vínculo con Red Chamber; posteriormente se promovió la adjudicación y toma de posesión por parte de Profand; y finalmente la Provincia retrocedió para volver a otorgarle a Red Chamber la tenencia y explotación de esos bienes.

Para los firmantes, ese recorrido “presenta serias dudas de legalidad y razonabilidad administrativa”, además de posibles perjuicios económicos para el Estado chubutense.

El documento sostiene que el conflicto no puede reducirse a una disputa empresarial privada, sino que involucra decisiones estatales sobre bienes estratégicos vinculados a la actividad pesquera, una de las principales economías de la provincia.

En ese marco, también advierten que el “ida y vuelta” administrativo podría haber incrementado la exposición patrimonial de Chubut, tanto por las posibles derivaciones judiciales derivadas de la frustrada adjudicación a Profand como por el impacto social y laboral que arrastra desde hace años la crisis de Alpesca.

El foco puesto sobre Meiszner

El pedido de acceso a la información pone especial énfasis en el rol institucional del Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, a quien le atribuyen una “responsabilidad central” dentro del expediente.

“La función del Fiscal de Estado es controlar la legalidad de los actos administrativos y defender el patrimonio provincial”, sostuvieron los dirigentes, al tiempo que reclamaron que “no puede haber silencio, evasivas ni ocultamiento de información” frente a una situación de esta magnitud.

Por eso, exigieron que se entregue copia completa del acuerdo con Red Chamber, junto con los expedientes administrativos, dictámenes técnicos y antecedentes que respaldaron la decisión del Ejecutivo.

También solicitaron conocer el alcance de una eventual intervención judicial vinculada a la homologación del convenio.

Un planteo político con mensaje institucional

La presentación lleva las firmas de Juan Pablo Luque, José Glinski, Juan Horacio Pais, Emanuel Coliñir, Norma Beatriz Arbilla, Gustavo Fita, Vanesa Abril, además de los intendentes Dante Bowen y Héctor Ingram.

“La obligación del Estado no es esconder, es informar”, remarcaron los dirigentes, quienes cerraron el comunicado exigiendo “una respuesta completa, inmediata y formal” por parte de la Fiscalía de Estado.

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