Los carteles del Gobierno en la previa a la marcha piquetera

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió este miércoles en sus redes sociales las advertencias que comenzaron a difundirse esta mañana en las estaciones de tren dirigidas a quienes deseen manifestarse hoy en un nuevo aniversario del estallido económico y social de diciembre de 2001.

“El que corta no cobra”, es la amenaza que ya habían pronunciado distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei y que hoy comenzó a difundirse, por ejemplo, en las pantallas de la estación de Constitución.

El mensaje en las estaciones de trenes también ofrece un número de teléfono para comunicarse en caso de que alguien esté siendo “obligado” a sumarse a la manifestación que protagonizarán este miércoles organizaciones sociales.

La decisión del gobierno de Milei de avanzar en la criminalización de la protesta social a instancias de un nuevo “protocolo antipiquete” elaborado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, abrió una fuerte polémica entre abogados constitucionalistas.

Mientras un sector de la biblioteca indica que en principio no se está coartando ningún derecho sino apenas regulándolo, la otra parte advierte que esto debe hacerse por medio de una ley sancionada en el Congreso de la Nación y no por medio de una resolución de un ministerio.

Asimismo muchos abogados constitucionalistas recordaron que el derecho a la manifestación es una de las bases fundantes de la democracia, tiene rango constitucional y, aunque puede colisionar con el derecho a la libre circulación, el primero de ellos se antepone al segundo.

Uno de los ejes de la polémica radica en que el protocolo antipiquete de Bullrich prevé la posibilidad de reprimir una manifestación aun cuando no se registren actos violentos durante la movilización.

Es decir, se reprimiría directamente el acto de manifestarse y no para hacer cesar actos de violencia que sí constituyen un delito en sí mismos.