Paola Solé: “Las obras sociales cubren cada vez menos y hay cada vez más reclamos”

Paola Solé, abogada especialista en derecho de las personas con discapacidad, se refirió a los alcances de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tratada el miércoles en la Cámara de Diputados, y remarcó la importancia de que las medidas se sostengan en el tiempo, independientemente del gobierno nacional de turno.

“Lo que se aprobó ayer es una ley que extiende sin tope en la vigencia la ley que hoy se llama Emergencia en Discapacidad. Quieren que deje de ser de emergencia y pase a ser vigente sin límite de fecha, sin depender del gobierno de turno, que sea una política pública”, explicó durante la entrevista radial.

En cuanto a los principales puntos de la iniciativa, Solé indicó que no hubo modificaciones y destacó que los aranceles de las prestaciones se actualizarían mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, señaló que la pensión no contributiva vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) sería equivalente al 70% de una jubilación mínima.

La abogada también mencionó la posibilidad de compatibilizar la pensión con un ingreso laboral inferior a dos salarios mínimos. En ese marco, subrayó la necesidad de garantizar la continuidad de los beneficios y evitar que su vigencia quede sujeta a las decisiones de cada administración nacional.

Por otro lado, Solé advirtió sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones y tratamientos. “Las obras sociales cubren cada vez menos y cada vez hay más reclamos en su contra”, sostuvo, al describir la situación que atraviesan los afiliados.

Asimismo, cuestionó los recortes en los reintegros por parte del Gobierno nacional y explicó que las demoras en esos pagos afectan a las empresas de medicina prepaga y, en consecuencia, a los prestadores. Según indicó, muchos profesionales y centros deben esperar varios meses para cobrar por los servicios brindados.

“Como los prestadores cobran a los tres o cuatro meses, dejaron de atender”, advirtió Solé. La situación genera preocupación por el impacto que puede tener en la continuidad de los tratamientos y en el acceso a los servicios esenciales para las personas con discapacidad y sus familias.