QUÉ SE ESTÁ HACIENDO (Y QUÉ NO) PARA FRENAR LA INFLACIÓN

Por Gonzalo Finlez

Con el incremento del 6% en abril, la inflación interanual llegó al 58%, un nivel máximo en 30 años. El problema de los precios golpea con más fuerza sobre quienes tienen menores ingresos: el costo de la Canasta Básica Total (que determina la línea de pobreza) subió 6,2% durante el cuarto mes del año, por lo que una familia de cuatro integrantes necesitó $95.260 para no ser pobre; mientras que la Canasta Básica Alimentaria (que establece la línea de indigencia) trepó un 6,7%, llevando a que la misma familia requiera ingresos por $42.527 para sobrevivir.

Pero la estrategia oficial para enfrentar este panorama parece ir por detrás de la evolución de los precios. Mientras el discurso oficial apunta a la guerra en Ucrania como el principal factor que hizo saltar el proceso inflacionario desde el 50% anual hasta un 65%, el plan de Guzmán para “tranquilizar la economía” no incorpora este aspecto.

El programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece una serie de metas para frenar la nominalidad. Apunta a una reducción del déficit fiscal para llegar al equilibrio en 2024, un recorte en la emisión con una meta del 1% de financiamiento monetario al Tesoro para este año, acumulación de reservas en el Banco Central y tasas de interés reales positivas (por encima de la inflación).

Fiel a su tradición, el eje del plan del organismo internacional descansa en un ajuste fiscal y monetario. El ministro de Economía lo hace propio y lo ejecuta: el staff técnico del Fondo realizó su revisión trimestral donde Guzmán sobrecumplió las metas mencionadas durante este período.

De hecho, pese al discurso que inunda los medios de comunicación, la cantidad de dinero en circulación viene cayendo considerablemente. En tanto este programa vaya surtiendo efecto, el equipo económico espera que la inflación vaya desacelerando sobre la segunda mitad del año, con el objetivo de alcanzar un 3% o 4% mensual.

Para que esto ocurra, se deberán sortear los factores inflacionarios que incorpora el propio programa: está por verse cuál será el efecto en el nivel de precios de los eventuales aumentos en las tarifas de servicios públicos (necesarios para cumplir con la meta de déficit fiscal) y de la aceleración en la suba diaria del dólar oficial (condición para acumular reservas en el BCRA).

Asimismo, el shock desatado por la nueva situación internacional no parece diluirse rápidamente. Detrás del incremento general en los precios de abril se observan saltos llamativos en algunos productos particulares. La harina de trigo trepó 16,1% en solo un mes, el pan francés 11,1%, el pollo entero lo hizo un 12,1% y el aceite de girasol un 13,5%. Estos productos tienen en común que todos dependen directamente de las materias primas afectadas por el escenario global.

Sin embargo, más allá de lo discursivo, el Gobierno parece no se muestra muy activo para frenar esta situación, que ya dejó de ser novedosa, y profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y ayudas sociales.

De hecho, la única medida anunciada por Alberto Fernández al lanzar la fallida “guerra contra la inflación” fue un incremento en 2 puntos de las retenciones sobre las exportaciones de harina y aceite de soja, para utilizar lo recaudado en un fideicomiso destinado a subsidiar las compras de trigo de los molinos, con la finalidad de bajar el precio de la harina y sus derivados, como el pan o los fideos.

A dos meses del anuncio, la medida no fue implementada. Las propias empresas molineras se oponen a comprar trigo a un precio menor al de mercado. ¿Cuál es el motivo para este acto irracional? Que el Estado solicita información a cambio de la materia prima subsidiada. En consecuencia, los molinos prefieren pagar más caro el cereal a compartir los datos sobre sus costos y existencias. Evidentemente, el negocio funciona demasiado bien como para aventurarse a una reducción de costos.

Llamativamente, el rechazo de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) ocurre a poco más de un mes de que las empresas enroladas en la central fueran sancionadas por más de $450 millones de pesos por haber cartelizado el negocio de la harina. Básicamente, la firma Molino Cañuelas organizaba reuniones convocadas por la FAIM donde se acordaban precios superiores a los de mercado.

Durante años, los consumidores pagamos más cara la harina de trigo y sus derivados por un acuerdo anticompetitivo elaborado por los mismos actores que hoy rechazan un subsidio para estabilizar los precios. Actualmente, la harina industrial de 25 kilos supera los $2000, pero con el subsidio se podría conseguir a alrededor de $1200 (valor previo al estallido de la guerra en Ucrania).

El rechazo de la cúpula empresarial a las medidas oficiales llega a un punto donde las grandes firmas de consumo masivo desabastecen al plan Precios Cuidados en los supermercados, presionando por una suba de precios en los productos incorporados en el programa, que terminará ocurriendo en los próximos días.

Este marco se agrava con el nuevo salto en el precio del trigo por los controles sobre las exportaciones del cereal por parte de la India, el segundo mayor productor mundial de trigo. En caso de no avanzar con medidas concretas, se advierte que el precio del pan puede aumentar aún más durante la próxima semana.

Argentina es un gran productor de alimentos. Si el gobierno no avanza en desacoplar la suba de los precios internacionales del mercado interno, el salto inflacionario repercutirá en un incremento en los niveles de pobreza, consolidando las ganancias extraordinarias de unas pocas grandes empresas.