Opinión: Si vamos a discutir, discutamos todo

El Gobierno introdujo un debate polémico en la negociación paritaria con los docentes: las licencias gremiales. De esta manera se abre una discusión entre derechos adquiridos y la necesidad de un Estado más austero.

domingo, 6 de febrero de 2022 - 8:38

Por Virginia Navarro / Adscripciones y Licencias Gremiales   (Parte I)

 

La estrategia puede salir bien o muy mal, y eso dependerá que la compensación llegue por el lado económico. Algo difícil a juzgar por el ofrecimiento salarial del gobierno de Mariano Arcioni a los gremios docentes de Chubut.

¿BUENA ESTRATEGIA?

Puede que poner en la mesa de negociación la cantidad de licencias gremiales (más de 100 según el Ministro de Gobierno) y que quien las paga sea el propio Estado, no esté más que relacionado con desviar y correr el verdadero escollo que significa una propuesta salarial de un 5% (menos que el último incremento en los combustibles).

Además, por cómo se ha presentado el tema y la ya conocida situación económica de la provincia, es posible que logre cierta aceptación en la población que cuestiona la cantidad de empleados públicos y la poca disposición al trabajo (prejuicio muy común sobre el empleado público).

Desde el sector docente se invoca una vieja negociación paritaria, ratificada en el 2019, donde se acuerda que será el Estado quien pague las licencias gremiales. Algo que la Ley de Contrato de Trabajo y la de Asociaciones Profesionales (Ley 23.551) establece, pero especifica que será sin goce de sueldo mientras duren los mandatos gremiales. Se aclara también que cuando se dice “sin goce de sueldo” quien debe afrontar el pago es el sindicato. En tanto, en la práctica se suele negociar con el empleador que éste siga costeando todo o parte de ese salario.

Esto debe surgir de un acuerdo, que no es permanente: “acá no hay derechos adquiridos sobre un marco que la ley no regula. Ese principio de progresividad sólo se aplica para ciertos derechos, pero no para este en particular” señala el Dr. Jorge Echelini, especialista es Derecho Laboral.

El Ministro de Gobierno, Cristian Ayala, se ha referido al tema como la necesidad de ordenar los números y dejar de subvencionar a una importante cantidad de docentes que no se encuentran actualmente trabajando por prestar servicios a su gremio.

¿MALA ESTRATEGIA?

Seguramente para parte de la sociedad puede generar adhesión: enojo por la cantidad de empleados públicos a quienes no se les conoce verdaderas funciones; dirigentes que se perpetúan en dichas agrupaciones y a eso se le pueden sumar los reiterados paros con un inicio de ciclo lectivo nuevamente en duda.

Pero, ¿es realmente el momento de agregar más conflicto al comienzo de clases? Están por definirse puntos como infraestructura edilicia, conectividad, programas educativos y lo más complejo aún: una actualización salarial.

En tanto, cuando el camino debe ser despejar obstáculos parece una mala decisión la de dinamitar el diálogo.

Desde algunas entidades gremiales han señalado que lo que hace el Gobierno “tiene olor a extorsión” y que se busca debilitar las organizaciones atentando contra la vida sindical.

ADSCRIPCIONES

Si la verdadera razón es reordenar el Estado (hemos tenido intentos fallidos como el Censo de empleados públicos y la Re funcionalización del Estado en la época Mammarelli) pongamos todo sobre la mesa. Incluso algunos gremios están dispuestos a objetar la discrecionalidad que envuelve a las adscripciones.

Para explicar fácilmente, estas “Adscripciones Políticas” son la posibilidad que gente que pertenece a un Ministerio se la destine a otro, a veces con fundamentos y otras, en su mayoría, por conveniencia o amiguismo. Un tema que genera grandes abusos y que el Gobierno busca controlar año tras año.

Es común que dentro de la planta permanente de un ministerio no haya gente para trabajar y se deba salir a contratar para llenar esos baches de quienes se fueron adscriptos. Esto genera un gran gasto porque quienes ingresan a la administración pública en esa categoría difícilmente alguna vez se vayan del Estado.

Hay adscriptos a instituciones, adscriptos de provincia a los municipios y de municipios a la provincia.

Siguiendo esa línea una empleada pública nos decía que, si toda la gente que trabaja en el sector estatal estuviera en su lugar simplemente “no entraría” por la cantidad de empleados que tiene Chubut.

Otro ex funcionario se refería a las adscripciones como el “centro de la corrupción y los favores políticos”. Si la excusa es el ahorro, la necesidad de un Estado ordenado y equilibrado, con empleados que tengan funciones y que esas funciones tengan como objetivo agilizar y dar respuestas, lo que habría que debatir es todo lo inherente al manejo de lo público.

Los sucesivos gobiernos dilapidan recursos y ajustan por lo más débil. Y allí también es necesaria la transparencia y honestidad de quienes representan a los trabajadores, porque muchas veces negocian esos puestos haciendo uso y abuso.

Cada vez que algún funcionario intentó meter mano para organizar al Estado tropezó con la negativa y poder de fuego de gremios, dirigentes y empleados.

Chubut tiene hoy alrededor de 65 mil trabajadores, y se coloca en el ranking de las provincias con más empleados públicos con 83 cada 1000 habitantes.

Lograr un Estado eficiente, balanceado entre ingresos y egresos, capaz de discutir salarios acordes a la inflación dependerá de todos, pero implica terminar con algunos privilegios.