Así lo manifestó la integrante de la Comisión de Géneros de la UNPSJB y Socorro Rosa Rabiosa debido a que dentro del DNU se incluyó la derogación de la Ley 27.113, que declara “de interés nacional y estratégico” la actividad de los laboratorios de producción público.
viernes, 2 de febrero de 2024 - 7:15Sol Cañumil, integrante de la Comisión de Géneros de la UNPSJB y Socorro Rosa Rabiosa, habló en Tarde Para Miles por LaCienPuntoUno, sobre cómo afecta la decisión del gobierno nacional de derogar la ley N° 27.113, que declara “de interés nacional y estratégico” a los laboratorios de producción pública, por lo que la fabricación de misoprostol y mifepristona podría verse afectada
En primer lugar, contó a qué se dedica esta colectiva. “Somos una organización a nivel nacional que reúne a más de 40 colectivas de todo el país, que acompaña decisiones de aborto. Comenzamos en el 2012, cuando estábamos en la lucha para que salga la ley del aborto. En 2017 nos armamos en 2017 para acompañar, brindar asesoramiento y promover derechos”, dijo.
Con respecto a la producción de misoprostol y mifepristona, comentó: “Desde diciembre que estamos en alerta por estas medidas que tomó el gobierno nacional que nos afecta trasversalmente como mujeres y disidencia. Una de las amenazas es desfinanciar la producción pública de medicamentos, no solamente los del aborto. Esto es más grave en el contexto de la misoginia y discursos de odio promovidos por un gobierno negacionista que declaró al feminismo como su enemigo”.
Y agregó: “Hay dos tratamientos de aborto, uno de misoprostol y otro combinado con mifepristona que incorporó el ANMAT que tiene un valor de 95 mil pesos hace dos semanas. En nuestra ciudad una interrupción en el privado ronda el medio millón de pesos y cuando no se accede de manera pública, es un privilegio de pocas personas”.
Consultada sobre la objeción de consciencia, manifestó: “Se accede a la IVE en el Hospital Regional y en cuatro centros de salud, además del CESIA que es el centro para adolescentes. Para una ciudad como Comodoro eso es un mínimo y hay que apostar a más. Se debería garantizar en todos los centros de salud. Dentro de estas instituciones nos encontramos que son objetores de consciencia, pero no se declaran”.
En relación a las organizaciones religiosas que buscan revertir la decisión de mujeres que quieren abortar, expresó: “Hay mucho y muy organizado. Venimos denunciando las líneas de embarazo vulnerable o inesperado, que son el nombre que le ponen y acosan a las mujeres para hacerlas sentir culpables o con vergüenza, todo esto motorizado por grupos religiosos. A veces se reúnen afuera de los centros de ecografía o de los hospitales. Eso es algo que venimos denunciando porque mientras esté vigente el derecho lo tienen que respetar”.
Por último, habló sobre la posibilidad de que se derogue la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Este gobierno habló de plebiscito, pero hay otros mecanismos para que esta ley no se cumpla con el desfinanciamiento, el hostigamiento a los profesionales. Pueden avanzar más hasta derogarla, pero hay que anticiparse a las maniobras que pueden hacer antes de llegar a eso”, concluyó.