Solé: “Auditar está bien, pero con medidas que pueden dejar sin ingresos a personas vulnerables es muy delicado”

La abogada y diplomada en Derecho de Salud y de Daños, Paola Solé, analizó el escenario actual de las pensiones por discapacidad y el proyecto de ley que busca modificar el sistema, durante una entrevista en el programa “Un Cortito”, conducido por Natalia Sánchez en la 100.1.

Uno de los puntos centrales que abordó fue el impacto de las auditorías realizadas sobre beneficiarios. Según explicó, si bien el objetivo es verificar que las personas cumplan con los requisitos, el proceso presentó serias fallas. “No a todo el mundo le llegaban las notificaciones. Entonces había personas que no se presentaban a la reevaluación médica y, como consecuencia, les suspendían la pensión”, señaló. Esta situación, remarcó, “complicó mucho a las personas con discapacidad”, generando incertidumbre económica en quienes dependen de ese ingreso.

En ese sentido, Solé explicó que quienes pierden el beneficio deben iniciar nuevamente el trámite, lo que implica tiempos largos y procesos burocráticos complejos. “Ya de por sí es difícil gestionar el certificado de discapacidad, más aún teniendo que trasladarse reiteradas veces para cumplir con todos los requisitos”, indicó.

La especialista también puso el foco en el nuevo proyecto de ley que impulsa auditorías masivas y un reempadronamiento general de los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. “Estamos hablando de millones de personas. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo y puede generar problemas si no se implementa de forma escalonada”, advirtió.

Uno de los aspectos más críticos, según detalló, es la posibilidad de suspender provisoriamente las pensiones ante cruces de datos. “Podrían quitarle el ingreso a una persona hasta que demuestre lo contrario. Y en ese lapso, ¿cómo hace para sostenerse?”, planteó.

Además, Solé explicó que el proyecto propone modificar las condiciones de compatibilidad entre trabajo y pensión. Actualmente, la normativa permite que una persona con discapacidad tenga un empleo siempre que no supere cierto nivel de ingresos. Sin embargo, la reforma buscaría eliminar esa posibilidad. “Eso es complejo, porque muchas personas necesitan complementar la pensión con algún ingreso para cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo.

Otro punto que generó preocupación es la posible eliminación del nomenclador nacional de prestaciones, que establece cuánto deben pagar obras sociales y prepagas a los prestadores. “Hoy existe y muchas veces no se cumple. Sin ese marco, podrían pagar aún menos, afectando directamente a las personas con discapacidad y sus familias”, explicó.

Finalmente, la abogada remarcó que, si bien considera necesario que existan controles, cuestionó la forma en que se plantea la reforma. “Auditar está bien, pero hacerlo de manera masiva y con medidas que pueden dejar sin ingresos a personas vulnerables es muy delicado”, concluyó.

En ese contexto, llevó tranquilidad a quienes hoy reciben el beneficio: “Es un proyecto que todavía está en debate en el Congreso. No hay cambios vigentes por ahora, pero es importante estar informados”.