Un exdiputado nacional paga 3 millones de pesos para evitar juicio por vacunarse de manera irregular contra el COVID
La denuncia contra Igon fue presentada por el médico Fernando Urbano, presidente de la Fundación FUSSO, quien señaló que el exdiputado se valió de su posición para acceder a la vacuna de manera indebida.
martes, 9 de septiembre de 2025 - 7:07
El exdiputado nacional Santiago Igon, referente de La Cámpora en Chubut, alcanzó un acuerdo de justicia restaurativa para evitar ir a juicio por su participación en el escándalo del “vacunatorio VIP” durante la pandemia de COVID-19. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aprobó este lunes un pago de 3 millones de pesos al Hospital Zonal de Esquel como compensación por el perjuicio causado, tras haber recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V de manera irregular en febrero de 2021.
El caso se remonta al 17 de febrero de 2021, un día antes de que estallara el escándalo que derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. Igon, quien por entonces era diputado nacional por el Frente de Todos, fue registrado como “personal de salud” en el Registro Federal de Vacunación, a pesar de no cumplir con los criterios de prioridad establecidos por el Plan Estratégico de Vacunación Nacional, que reservaba las dosis principalmente para trabajadores de la salud y adultos mayores. La autorización para su vacunación fue otorgada por Carlos Emiliano Biondo, jefe de Programas Sanitarios del Área Programática Esquel, quien también fue procesado y acordó pagar 1 millón de pesos al mismo hospital para evitar un juicio.
La denuncia contra Igon fue presentada por el médico Fernando Urbano, presidente de la Fundación FUSSO, quien señaló que el exdiputado se valió de su posición para acceder a la vacuna de manera indebida. En 2022, el juez federal Guido Otranto procesó a Igon por el delito de “dádivas”, decisión que fue confirmada por la Cámara de Comodoro Rivadavia en 2023. La Justicia determinó que Igon no calificaba como “personal estratégico” ni cumplía con los criterios de prioridad, desestimando su argumento de ser una persona de riesgo por obesidad y diabetes.
El acuerdo de justicia restaurativa, propuesto por el abogado de Igon, Walter Reinoso, se basó en el valor estimado de una vacuna (150 pesos) y en la premisa de que el perjuicio fue hacia el Estado, representado por el Ministerio Público Fiscal, sin víctimas directas. Según el fallo, Igon deberá acreditar el pago de los 3 millones de pesos en un plazo de diez días hábiles desde que la sentencia quede firme, lo que le permitirá ser sobreseído y cerrar el caso.
El caso de Igon forma parte del escándalo más amplio del “vacunatorio VIP”, que involucró a otras figuras públicas y políticas, como el periodista Horacio Verbitsky y los exdiputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana, y generó una fuerte controversia en Argentina por el uso indebido de vacunas en un contexto de escasez. En su defensa, Igon había sostenido en 2021 que se anotó “como cualquier ciudadano” en la página de vacunación y justificó su acceso por sus condiciones de salud, pero estos argumentos no fueron aceptados por la Justicia.
Con este acuerdo, Igon pone fin a un proceso judicial que marcó su carrera política, en un caso que reavivó el debate sobre la transparencia y la equidad en el acceso a recursos esenciales durante la pandemia. Mientras tanto, el Hospital Zonal de Esquel recibirá los fondos como una forma de reparación por el daño causado, en un gesto que busca cerrar uno de los capítulos más polémicos de la gestión sanitaria en Argentina.
